CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Asistencia Legal (AsiLegal) celebró la creación de la Comisión Intersecretarial para la Reinserción Social y Servicios Postpenales, cuyo decreto se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación, aunque aclaró que llega tres años tarde y su debida implementación aún está pendiente. En un comunicado, la organización indicó que con este decreto el Estado mexicano avanza un paso más para garantizar condiciones dignas de internamiento a las más de 17 mil personas privadas de la libertad en el país y hacer efectivo su derecho a la reinserción social, a través de un acompañamiento integral y la oferta de servicios postpenales de calidad al dejar la cárcel. Recordó que el compromiso de crear esa Comisión surgió desde junio de 2016, con la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que buscaba cambiar el paradigma dentro y fuera de las prisiones, para que las personas privadas de la libertad pudieran ejercer sus derechos humanos, de los cuales han sido arbitraria e históricamente despojadas. Con lo dispuesto en su artículo 7, explicó, esta ley obligaba al Ejecutivo federal a crear una comisión intersecretarial --a nivel federal y local-- donde se aglutinarían autoridades como las secretarías de Salud, Trabajo y Previsión Social, Gobernación y Educación Pública, entre otras, para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos humanos como la salud, la educación y el trabajo. Además, las instituciones involucradas debían diseñar e implementar programas que pudieran garantizar la reinserción social tanto al interior de los centros penitenciarios como a través de los servicios postpenales, pero fue hasta ayer cuando se declaró su instauración. AsiLegal aplaudió la medida, pero destacó que su creación no significa nada, pues para garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la reinserción social se requiere de un verdadero compromiso por parte de todas las autoridades corresponsables. Sobre todo, aseveró, considerando la facilidad con la que las autoridades se han desentendido de las personas privadas de libertad, bajo el argumento de que la atención a esta población no se encuentra dentro de sus facultades. De igual manera, precisó que la creación de comisiones locales queda pendiente en muchas entidades de la República, así como su efectivo funcionamiento. Al respecto, la organización denunció que en las últimas semanas realizó diversas solicitudes de información a seis autoridades corresponsables en la materia, a fin de conocer el estatus de la creación y labores de la Comisión Intersecretarial a nivel federal, que hasta ese momento no existía. Sin embargo, no sólo no recibió respuesta de algunas de ellas, sino que dos, las secretarías de Salud y de Gobernación, contestaron que no contaban con facultades para intervenir en la materia, haciendo caso omiso a las obligaciones expresas que la Ley Nacional de Ejecución Penal les impone en materia de derechos humanos.