CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada este viernes a las dos primeras acciones de inconstitucionalidad contra la llamada Ley Bonilla que amplía el periodo del próximo gobernador de Baja California de dos a cinco años. Y los promotores de dichos recursos fueron dos partidos políticos, Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC). Desde las escalinatas de la sede del Poder Judicial Federal, el dirigente nacional panista Marko Cortés, acompañado por los coordinadores parlamentarios de su partido en las cámaras de Senadores y Diputados, Mauricio Kuri y Juan Romero Hicks respectivamente, dijo: “Venimos a decirle al otro Poder que haga respetar la Constitución, venimos a confiar en que aquí se le dirá no a Jaime Bonilla y se le dirá no a Morena en su pretensión de ampliarse el mandato, de legislar para sí y de vulnerar el orden constitucional y democrático en México”. Además, informó que aparte de ese recurso su partido interpondrá otra impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación antes del primero de noviembre. “Nosotros confiamos en la Suprema Corte de Justicia, por eso estamos aquí en su autonomía, en su independencia, y que harán valer el Estado de Derecho y que no se someterán al interés morenista del gobierno y de Jaime Bonilla de la ampliación de mandato, a que no se someterán al interés de este laboratorio en Baja California para que luego pudiera ser un ejercicio a nivel federal”, explicó el presidente nacional del PAN. En su opinión, la Ley Bonilla es algo como un laboratorio para el intento ampliación de mandato bajo la figura de revocación del mismo a nivel nacional. “No a la revocación de mandato. Es pretender la perpetuidad de quienes están el poder y eso no podemos aceptarlo”, enfatizó. La segunda acción de inconstitucionalidad que se presentó en la Corte fue la del partido Movimiento Ciudadano. Después de cumplir con el trámite, Clemente Castañeda Hoeflich vicecoordinador de los senadores, manifestó que la reforma al artículo octavo Transitorio de la Constitución de Baja California vulnera principios democráticos y la voluntad de la población. “La elección estuvo plagada de irregularidades y la reforma del 8 de julio también, no solamente hubo serios señalamientos de presuntos actos de corrupción dónde trataban de corromper y comprar la voluntad de algunos diputados”, refirió Castañeda. Calificó a la “Ley Bonilla” como una ley a modo que únicamente beneficia a una sola persona, y violenta cualquier principio de constitucionalidad. Por esa razón, dijo que su partido que pidió a la SCJN que, así como resolvió el caso de la Ley de Remuneraciones, aplique el mismo criterio de inconstitucionalidad y suspenda la entrada en vigor hasta que se resuelva el fondo sobre la constitucionalidad.