CAMPECHE, Camp. (apro).- Activistas de los derechos humanos exigieron a los gobiernos de Guatemala y de México, así como al estado de Campeche y al municipio de Candelaria, cumplir con los acuerdos para procurar ayuda humanitaria a los desplazados guatemaltecos, quienes desde hace 28 meses subsisten en condiciones infrahumanas en la franja fronteriza. En conferencia de prensa, representantes de los desplazados y de diferentes organizaciones civiles dijeron que la comunidad de Laguna Larga, cuyo poblado fue arrasado por el Ejército guatemalteco el 2 de junio de 2017, sigue resistiendo en la frontera en espera de que el gobierno de su país les dé garantías para regresar. Durante 28 meses –subrayaron-- los guatemaltecos han sobrevivido en condiciones de extrema precarización, lo que ha impactado especialmente a los menores, ancianos y embarazadas, grupos entre los que se contabilizan ya ocho defunciones. Informaron que el domingo 20 el procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas, y el Quinto Visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, Edgar Corzo, visitaron el asentamiento para constatar las condiciones en que habitan aproximadamente cien familias desplazadas. Al respecto, detallaron “la falta de garantía de acceso a la salud, la falta de alimentación adecuada y de calidad, agua en condiciones no adecuadas para consumo humano, así como dificultades en los trámites de identidad de niñas y niños nacidos en México”. De igual manera, recordaron que en junio pasado tuvo lugar una reunión en el municipio de Candelaria, Campeche, fronterizo con Guatemala, para verificar el cumplimiento de las medidas cautelares que la CNDH impuso al gobierno campechano y al ayuntamiento candelarense. Ahí se plantearon las necesidades más urgentes, entre ellas un mediano acceso a derechos y el cumplimiento de las medidas cautelares. También se priorizó la rehabilitación de un camino de terracería de tres kilómetros entre el asentamiento en la franja fronteriza y el ejido mexicano El Desengaño, que es intransitable.

“Arreglarlo debidamente podría mejorar de manera sustantiva la vida de 111 familias”, señalaron, y explicaron que las condiciones en que se encuentra el camino les impide movilizarse para conseguir víveres o medicamentos, o acudir en busca de atención médica en casos de emergencia.

Recordaron que en aquella reunió el presidente municipal de Candelaria, Salvador Farías, se comprometió a construir el camino en un lapso no mayor a 15 días. “Lamentablemente cuatro meses después la obra no se ha concretado”, sostuvieron. Y es que, si bien Farías envió la maquinaria, estuvo varios días parada porque el gobierno del estado no envió el material al que se había comprometido. Los activistas exigieron al gobierno de Guatemala, responsable del desplazamiento forzado de las familias, el cumplimiento a las medidas cautelares que le impuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la reparación del daño para el retorno inmediato. Finalmente, pidieron a las autoridades migratorias resolver las dificultades para los trámites de identidad de los niños nacidos en México.