CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, demandó una “investigación objetiva e imparcial” sobre el comportamiento de las autoridades, el pasado jueves 17, que terminó en un operativo fallido en Culiacán, Sinaloa. Durante su participación en el Foro Nacional “Sumemos causas por la seguridad: ciudadanos + policías”, González Pérez consideró que los acontecimientos violentos de la semana pasada en los estados de Michoacán, Guerrero y Sinaloa revelan una “crónica debilidad” del estado de derecho en México, “ante la incapacidad de las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno, desde hace años y hasta hoy”, para garantizar condiciones de seguridad “que permitan la vigencia de los derechos humanos en el país”. El ombudsman nacional, quien al final de su intervención ante reporteros informó que un ciudadano presentó una queja por los acontecimientos del jueves 17 en Culiacán, por sentirse agraviado a raíz del operativo fallido, destacó que “el Estado no puede renunciar bajo ninguna circunstancia a su obligación de cumplir con la ley y hacerla cumplir”, por lo que “la ley no puede ser objeto de negociación ni las autoridades deben condicionar su actuación”, mientras que la claudicación de las autoridades “representa el mayor incentivo para que continúe la impunidad y se perpetúe la violencia”. En el evento, organizado por Causa en Común, el presidente de la CNDH precisó que en Culiacán, “más allá de la pertinencia que pudieran tener las decisiones que se tomaron con el objeto de evitar una pérdida mayor de vidas, la ya reconocida improvisación y mala planeación del operativo tuvo un alto costo, cuyo precio más alto lo pagó la población civil, así como los agentes policiacos y elementos de las fuerzas armadas que tuvieron que hacer frente a una situación que, de haberse previsto y planeado debidamente, probablemente hubiese arrojado un resultado distinto”. Tras destacar que se investigará la actuación de funcionarios públicos, bajo la premisa de que “ningún mando superior o miembro del gabinete de seguridad fue advertido de los hechos”, González Pérez puntualizó que tal afirmación “no abona en nada a hacer efectivo el derecho a la verdad que asiste a las víctimas, ni contribuye a que la sociedad conozca la realidad de lo sucedido en Culiacán”. Lo que se requiere –agregó-- es “una investigación objetiva e imparcial que, sin partir de premisas preestablecidas, entrara al conocimiento de los hechos y a la búsqueda de la verdad sin asignar culpas o eximir de responsabilidad en forma anticipada”, particularmente “conocer qué pasó y prevenir con base en ello que situaciones similares se repitan”. En entrevista con representantes de medios de comunicación, posterior a la inauguración del foro, González Pérez urgió a “analizar toda la serie de deficiencias que hoy han sido reconocidas, pero que no nos han dicho, como la planeación y operación de un operativo que tuvo consecuencias en vidas, integridades, en lesiones a los propios cuerpos participantes”. Como en el caso de Nochixtlán, en Oaxaca, en el que la CNDH identificó violaciones a derechos humanos de la población civil, pero también de los policías por no dotárseles de herramientas. En “un operativo mal planeado se lesionan derechos”, recalcó. De igual manera, insistió que la indagatoria tiene que proporcionar “toda la información puntual, completa, integral, desde el momento mismo en que se conoció que se iba a hacer o no ese operativo, quién tomó esas determinaciones, quién conoció, quién toleró, quién permitió y en su caso, desde luego, también el análisis de la pertinencia de las decisiones tomadas”. Sobre la queja presentada por un ciudadano que se sintió agraviado por los hechos ocurridos en Culiacán y que tendría que ser ratificada para iniciar el trámite formal, el ombudsman explicó que el fin de semana se presentó la denuncia por internet, por “una persona que se dice lesionado, que quiere, como mexicana, como mexicano, conocer qué sucedió, cómo se vieron expuestas las personas, la población y los elementos de las corporaciones”. Añadió: “Ya ha sido reconocido que sí se expusieron derechos humanos cuando se hace un mal diseño de un operativo, una operación deficiente, pues se violentaron derechos humanos como hoy se reconoce”, y en el caso concreto se requiere “tener la totalidad de las variables que prevalecieron en estos lamentables hechos para conocer si la decisión que se tomó fue pertinente”. De ratificarse la queja presentada, desde el ámbito de competencia de la CNDH, abundó, se pedirá “información para tener certeza de lo que aconteció, porque ahí hubo afectaciones a vidas e integridades, en el ánimo de que las y los mexicanos conozcan la verdad, que se vea, derivado de las investigaciones, si hay responsabilidades, y que se atienda la reparación del daño de las víctimas de este deficiente operativo y mala planeación”.