Tribunal ordena desbloqueo de cuentas de Alonso Ancira

miércoles, 23 de octubre de 2019
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tribunal colegiado ordenó suspender de forma indefinida el bloqueo a las cuentas bancarias de Alonso Ancira Elizondo, así como dos empresas que encabeza, Desarrollo Industrial Épsilon e Inmobiliaria Sofani, tras concluir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encabezada por Santiago Nieto, no presentó la documentación que sustentara tal medida. La resolución estuvo en manos del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, mediante el expediente 353/2019, mediante el cual instruyó a la UIF a exhibir la presunta documentación de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), solicitando el bloqueo de cuentas, mientras que únicamente presentó peticiones de información financiera de Ancira Elizondo. “Se evidencia que la autoridad responsable no exhibió documentación alguna que sustente la existencia de una solicitud expresa de realizar el bloqueo de cuentas de los quejosos, formulada por una autoridad extranjera u organismo internacional que cuente con atribuciones en la materia y con competencia para realizar una solicitud de tal índole acorde a un tratado bilateral o multilateral”, se lee en el documento. A finales de mayo, el titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer el congelamiento de las cuentas bancarias del director de Altos Hornos de México (AHMSA), junto con las de Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) y su hermana, Susana Gilda. Alonso Ancira fue detenido en mayo de 2019 en España y está acusado de la venta de la empresa Agronitrogenados por un valor 10 veces superior a su precio de mercado a Pemex, cuando era dirigida por Lozoya Austin, quien actualmente se encuentra a prófugo de la justicia. En medio de esta transacción, Lozoya Austin, habría recibido como soborno una residencia de lujo en Ixtapa, con un valor de 1.9 millones de dólares. La mansión, que fue adquirida por un abogado y directivo de Altos Hornos en representación de Marielle Helene Eckes, esposa de Lozoya Austin, según la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). A decir de uno de los oficios presentados por la OFAC y con el que la UIF sustentó el bloqueo de cuentas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sí solicitó información financiera de Alonso Ancira, pero en ningún momento solicitó que las autoridades mexicanas embargaran sus cuentas bancarias: “tratándose de una mera solicitud de información”, señalaron las autoridades judiciales. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado criticó a la institución encabezada por Santiago Nieto, pues ésta invadió “una facultad exclusiva del ministerio público de la federación” y recordó que dentro de sus atribuciones se encuentran “denunciar […] las conductas que pudieran encuadrar como operaciones con recursos de procedencia ilícita, allegándose de los elementos probatorios del caso”. Para ello, la defensa citó el protocolo para el Intercambio de Información Respecto de Transacciones en Moneda Realizadas a través de Instituciones Financieras para Combatir Actividades Ilícitas del 28 de octubre de 1994. Concluyendo que “el bloqueo de cuentas de los quejosos no es resultado de un proceso de cooperación” internacional, también basada en recientes tesis emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ni tampoco sustentó “documentación alguna que acredite la solicitud internacional expresa en la que se peticione el bloqueo de cuentas de la parte quejosa”. Desde el pasado 21 de mayo, el CJF emitió un acuerdo para reglamentar el congelamiento de cuentas bancarias que realice la Fiscalía General de la República (FGR) con base a investigaciones presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera o las entidades federativas, en la que ordenó que éstas deben de ser autorizados por un juez de control, a menos que la UIF posea una orden internacional. La determinación se tomó con base a una acción de inconstitucionalidad presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la cual determinó la invalidez del artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante la contradicción de tesis 78/2019. El pasado 2 de octubre, Ancira Elizondo, quien actualmente se encuentra en España, interpuso un nuevo amparo en contra del bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El amparo indirecto 1500/2019 fue tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.