La Suprema Corte admite cuatro acciones de inconstitucionalidad contra la 'Ley Bonilla”

jueves, 24 de octubre de 2019
CIUDAD DE MÉXICO (pro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad que presentaron los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, en contra de la llamada ‘Ley Bonilla’. El ministro Fernando Franco González Salas será el encargado de analizar y presentar un proyecto sobre la extensión del mandato de Bonilla -de dos a cinco años- con los cuales los partidos argumentan que el Congreso de Baja California está violando el derecho de los ciudadanos de ese estado que ya acudieron a las urnas y votaron por un periodo de dos años. “Se tiene presentados a los promoventes y se admiten a trámite las acciones de inconstitucionalidad que hacen valer, sin perjuicios de los motivos de improcedencia que se puedan admitir de manera fehaciente al momento de dicta sentencia”, dijo. Sin embargo, el ministro González Salas señaló que la resolución de las acciones de inconstitucionalidad no impedirá que el gobierno de Bonilla inicie el próximo 1 de noviembre. “En este sentido no es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del ejecutivo del estado de Baja California [Jaime Bonilla] rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos”, dijo. Mientras tanto, a las impugnaciones ya se les asignó un número de expediente 112/2019 del PAN, 115 del PRI, 114/2019 del PRD y 113/2019 de Movimiento Ciudadano, con el cual se espera que sean acumulados en un solo proyecto y presentadas al pleno para discutir sus posibles efectos anticonstitucionales. En el 2015, el ministro González Salas tuvo la tarea de analizar y presentar el proyecto de la acción de inconstitucionalidad 13/2015, con la cual el partido Movimiento Ciudadano pretendió impugnar el tiempo de duración del mandato de Miguel Ángel Yunes Márquez, quien al igual que Baja California y Puebla, acortó su periodo de gobierno de seis a dos años para ajustarla con el calendario federal. “En opinión del partido político demandante, la elección de un Gobernador cuyo mandato dure solamente dos años, atenta contra el desarrollo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, porque no permitirá desarrollar la acción pública del depositario del Poder Ejecutivo local, impactando de manera negativa en la planeación, programación y ejecución de los programas de desarrollo regional, prestación de servicios, así como en la correcta capacitación, formación y resultados de los servidores públicos”, se lee entre los argumentos esgrimidos. Aunque el alto tribunal aceptó a dicho partido político como actor legitimo para presentar la acción de inconstitucionalidad, no le dio la razón por presentarla en un periodo superior de tiempo en el que podría impugnarse una ley de esa naturaleza y ya haber acudido los ciudadanos a las urnas. A decir de la consejera del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín, este antecedente podría ser uno de los argumentos por los cuales la Suprema Corte acepte declarar anticonstitucional la ampliación de mandato de Jaime Bonilla.

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