CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Trabajadoras sexuales increparon al primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez, y le exigieron garantizar su derecho al trabajo digno, al acceso a la justicia y al matrimonio igualitario. El primer visitador estaba por concluir la presentación del informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Travestis, Transgénero, Transexuales e Intersexuales (LGBTTTI), cuando el grupo de mujeres lo cuestionó sobre su derecho al trabajo sexual. Mónica Mendoza, de la organización Mujer Libertad, aclaró que no se refería a la trata ni a la prostitución, sino a la elección premeditada de ser trabajadora sexual, y acusó a la CNDH de minimizar el trabajo realizado por las organizaciones, violentando con ello sus derechos humanos. La mujer fue secundada por Lola Delgadillo Vargas, mujer transgénero del Movimiento de Trabajo Sexual de México, quien recordó que, debido a la falta de protección y reconocimiento, las personas trans que ejercen la actividad son asesinadas. Además, reprochó a las autoridades que no exista un registro de esos asesinatos, ya que se contabilizan a partir de notas periodísticas de tinte amarillista y en la mayoría de los casos clasificados como crímenes de odio por homofobia y no por transfobia.

“Yo les pediría que invitaran a todas las organizaciones para que les den informes y que nos den el respeto que nos merecemos. Ustedes vienen y van, nosotras somos las que nos quedamos defendiendo nuestros derechos”, manifestó Delgadillo.

Asimismo, denunció la falta de antirretrovirales para tratar el VIH y recriminó la falta de posicionamiento de la CNDH ante la “criminalización” hacía la comunidad LGBTTTI en algunos estados de la República, así como ante la negativa de los legisladores estatales de garantizar el derecho al matrimonio igualitario.

“Si ya nada más vamos a hacer trabajo de escritorio y ya no vamos a defender los derechos humanos, pues también ‘ábranse de capa’, porque nosotras venimos y hemos luchado por nuestros derechos con o sin ustedes y trabajado por la gente que han asesinado y a quienes se le ha negado el acceso a la justicia”, puntualizó.

La mujer recordó que desde 2005 la CNDH cuenta con una cartilla de personas transgénero, transexuales y travestis, donde se reconoce el trabajo sexual como un derecho humano, pero a pesar del antecedente, abundó, el organismo no ha podido avanzar en esta materia. En respuesta, el primer visitador aclaró que, ante la negativa de las legislaturas de Zacatecas y Yucatán para aprobar el matrimonio igualitario, la CNDH emitió dos exhortos, así como en el caso del desabasto de medicamentos, y ofreció a las trabajadoras integrar una mesa de trabajo para completar el informe que, afirmó, “busca construir, generar, visibilizar las dificultades que enfrenta la comunidad LGBTTTI para ejercer sus derechos y que es perfectible”.   ¿A qué se enfrenta la comunidad LGBTTTI? Durante la presentación del informe especial, el primer visitador de la CNDH advirtió que las personas LGBTTTI suelen enfrentar los efectos de toda una vida de discriminación, rechazo y burlas desde muy temprana edad, lo que las coloca en mayor riesgo de sufrir enfermedades físicas y mentales, aislamiento social, depresión, ansiedad, pobreza, enfermedades crónicas e incluso la muerte prematura. De acuerdo con las solicitudes de información sobre acciones afirmativas, políticas públicas implementadas y atención a quejas en agravio de las personas LGBTTTI, formuladas por la Comisión a 15 autoridades federales, 192 estatales y 32 organismos públicos de Derechos Humanos de cada entidad, en el periodo del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2017, la discriminación es el delito con más denuncias (217), seguido por homicidio (100) y lesiones (52). Aunque sólo 18 procuradurías y fiscalías estatales proporcionaron la información requerida, el total de carpetas de investigación por estos delitos fue de 390, de las cuales 251 se cometieron en agravio contra personas gay, 61 contra integrantes de la población lésbica y 46 contra personas trans. Eslava Pérez informó que, según la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018, 59.8% de la población encuestada se sintió discriminada por al menos un motivo, mientras que 25.2% declaró la negación injustificada de algún derecho. Además, abundó, una de cada dos personas no fue abierta sobre su orientación sexual y/o identidad de género en su último empleo, por temor a ser discriminada. A pesar de estos indicadores, en el documento presentado se destacaron algunas acciones positivas por parte de algunas autoridades, como la Secretaría de Marina, que informó sobre el registro de los primeros cinco matrimonios igualitarios para el reconocimiento de prestaciones de seguridad social en las fuerzas armadas, y dio cuenta del primer caso de un elemento transgénero en servicio activo. Asimismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indicó que, siguiendo los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconoce el acceso al Seguro de Enfermedades y Maternidad a cónyuges del asegurado, asegurada, pensionado o pensionada, independientemente de si se trata de matrimonios entre personas del mismo o de distinto sexo. El primer visitador de la CNDH señaló que aún existen grandes retos a cumplir para garantizar los derechos de los grupos LGBTTTI, pero advirtió que para el proceso de construcción de paz que el país ambiciona, el respeto a la diversidad es indispensable. Para ello, dijo, es necesario el diseño e implementación de políticas públicas que contemplen medidas de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas dirigidas a la prevención y eliminación de toda forma de discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género; ampliar y profundizar la educación sexual y reproductiva en el país, para erradicar la violencia y acoso por homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia. Aunado a ello, agregó, debe garantizarse el acceso efectivo a su identidad, a través de la emisión de documentos; a la justicia, con investigaciones adecuadas; y al trabajo, con la adopción de una política permanente de inclusión, basada únicamente en las competencias de los postulantes. Finalmente, Eslava Pérez apuntó que deben iniciar los procesos legislativos correspondientes para adecuar y reformar los ordenamientos en materia civil y/o familiar, para permitir el acceso al matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans e intersexuales.