CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El juez Juan Carlos Guzmán Rosas, a quien le fue asignada la tarea de revisar los 147 amparos en contra de la construcción del aeropuerto civil-militar Felipe Ángeles, en Santa Lucía, aplazó la resolución de uno de los recursos interpuestos por el colectivo #NoMásDerroches para resolver la viabilidad de la obra. El sábado, el Juzgado Quinto en Materia Administrativa de la Cuidad de México celebró la audiencia en la que comparecieron el abogado Gerardo Carrasco Chávez, del Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, así como Elena Abigail Díaz Calvo, subteniente y representante legal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esto tras dos semanas de mantener en vilo la comparecencia en la que se analizará si con la suspensión se ha dañado el “interés nacional”, al considerar a Santa Lucía “instalaciones estratégicas”, lo que podría de manifiesto los criterios expuestos por la Sedena para pedir la negativa a las medidas precautorias. Carrasco Chávez presentó el testimonio del actuario de la Sedena, en el que manifestó que “durante el tiempo de espera para las respectivas autorizaciones por parte de las autoridades militares a la 37/a Zona Militar en Santa Lucía, y al efectuar el recorrido por la Base Aérea Militar Número 1 de Santa Lucía, para llevar a cabo el desahogo del medio de convicción ofrecido, el suscrito advierte en el espacio aéreo de tales bases transitan naves aéreas (helicópteros), así como actividades de paracaidismo”. Con este argumento, la iniciativa #NoMásDerroches busca desacreditar que la medida precautoria mantenga cerrada Santa Lucía y que se pongan en riesgo el despegue y descenso de aeronaves militares. La declaratoria de “instalación estratégica” a la base aérea de Santa Lucía y otros aeropuertos del Ejército, apareció el pasado 20 de agosto cuando #NoMasDerroches, encabezado por el empresario Claudio X González, ganó una suspensión definitiva ante dicho juzgado para detener la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. Nueve días después, la Sedena solicitó al Consejo de Seguridad Nacional que declarara como instalaciones estratégicas todos los bienes del Ejército y la Fuerza Aérea, con el pretexto de que los amparos ponen en riesgo “la protección y seguridad de todos los ciudadanos de la República” al impedir la aplicación del Plan DN-III-E. El pasado 2 de octubre, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declinó atraer el caso, tras presentarse un recurso de contradicción de tesis derivado de dos criterios divergentes emitidos por tribunales. Al analizar la contradicción de tesis 283/2019, en la que se le solicitó “determinar si es improcedente otorgar (la suspensión) en virtud de la afectación al interés social previsto en el artículo 128 de la ley de amparo”, los ministros votaron a favor de declarar que no existió tal contradicción, pues ambos pertenecen a “hechos diferentes”. Con esta decisión, los ministros dejaron en manos de Guzmán Rosas la resolución sobre la constitucionalidad de varios amparos que obtuvieron suspensión definitiva contra Santa Lucía.