CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Unas 200 familiares de víctimas de violencia feminicida y defensoras de derechos humanos, y 150 organizaciones civiles, exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la renuncia de la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), María Candelaria Ochoa Dávalos. En una carta dirigida a López Obrador y a Sánchez Cordero, las firmantes denunciaron que durante el tiempo de ha estado al frente de la Conavim, Ochoa Dávalos “no ha impulsado ni realizado acciones contundentes que puedan atender la problemática actual que cada día acaba con la vida de 10 mujeres en el país”. Contrario a las funciones de protección que tiene la dependencia, familiares de víctimas y defensoras señalaron que la funcionaria se ha dedicado a litigar las solicitudes de Alerta de Violencia de Género (AVG) en por lo menos tres entidades, Ciudad de México, Zacatecas y Veracruz, en tanto que pretende obstaculizar el trabajo de las organizaciones civiles como vigilantes del cumplimiento de dicho mecanismo. “Es decir, en lugar de dar cumplimiento a sus obligaciones en la implementación del mecanismo y de diseñar los planes de implementación y la metodología de seguimiento y evaluación de las 19 AVG declaradas y de convocar a los grupos de seguimiento –como se ha solicitado en diversos estados– la actual comisionada se ha dedicado a orillar a las organizaciones a judicializar los derechos de las mujeres, en lugar de garantizarlos como es su mandato”, sostienen las denunciantes. https://twitter.com/OCNF/status/1181653471281532928?s=20 Destacaron que pese a que el 6 de marzo, López Obrador y Sánchez Cordero presentaron el “Plan de Acciones Emergentes para Garantizar la Integridad, la Seguridad y la Vida de las Mueres y Niñas de México”, hasta ahora no se advierten avances considerables; por el contrario, “la violencia permanece y se agudiza, lo que además de la inseguridad, incrementa la indignación de la población, como lo han dejado ver las diversas manifestaciones realizadas en distintos estados de nuestro país”. En conferencia de prensa, representantes de organizaciones civiles dedicadas a la defensa de las mujeres reprocharon el desacierto de mantener al frente de la Conavim a una funcionaria que no estaría respondiendo a los postulados del actual gobierno. “Lo que pedimos es congruencia entre los discursos de la actual administración con los hechos, estamos denunciando su actuar como titular y encargada de la política para la erradicación de la violencia contra las mujeres y su falta de escucha a las organizaciones y la materialización en el proceso judicial, no ataca la ilegalidad de la resolución, ataca a las defensoras de derechos humanos”, destacó Ana Yeli Pérez, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). Al señalar que ni siquiera en la administración de Enrique Peña Nieto fueron orilladas a la judicialización de la defensa de las mujeres, Pérez resaltó la extrañeza en la forma de conducirse de Ochoa Dávalos, quien “ha utilizado los recursos de la Conavim a judicializar los amparos ganados por las organizaciones contra las resoluciones de la dependencia de no decretar AVG”. Guadalupe Ramos Ponce, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem-México), explicó que en Jalisco, donde existen dos AVG, una de carácter estatal y otra federal, Ochoa Dávalos pretendió dejar fuera de la supervisión del mecanismo federal a las peticionarias. “Pensamos que siendo originaria de Jalisco (Candelaria Ochoa) estaría sensibilizada sobre la problemática local, y que podríamos tender puentes para el diálogo, pero nuestra sorpresa es que, contrario a lo que debía ser su papel de comisionada, buscó desconocer a las peticionarias de la AVG, y nos dijo que sólo podríamos participar en la supervisión si el gobernador (Enrique Alfaro) aceptaba nuestra presencia; “Fue una situación difícil, porque veníamos de un proceso de desgaste y confrontación con el gobierno estatal, quien aceptó, como es nuestro derecho, nuestra participación, pero ahora parecería que le debemos un favor a Alfaro”, apuntó. Para la experta, la actitud de Candelaria Ochoa responde a “su incapacidad institucional y política, porque nunca como ahora la prevención de la violencia contra las mujeres no es la agenda prioritaria, es el litigio de los casos, y esto es corrupción. Asumir un cargo para el cual no se tiene la capacidad y mantener a una persona ahí rompiendo procesos de diálogo, también es corrupción y se tiene que combatir”. Celeste Cruz Avilés, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, manifestó su indignación de que el 30 de septiembre la Conavim haya interpuesto un recurso de revisión, contra el amparo ganado por las organizaciones peticionarias de la AVG para la Ciudad de México, el pasado 13 de septiembre, toda vez que el Poder Judicial de la Federación dio la razón a las organizaciones al determinar que la resolución de la dependencia federal de recomendar 17 medidas al gobierno capitalino, “no establece mecanismos para evaluar su efectividad, además de que todo queda en un limbo jurídico”. https://twitter.com/CDHVitoria/status/1181593089762304000?s=20 Lo que hace la Conavim en su recurso de revisión es litigar “en contra de la participación de las organizaciones”, al negar la participación de las peticionarias en el grupo de trabajo para la implementación y seguimiento de la AVG, apuntó. En el escrito de impugnación, Ochoa argumenta que las organizaciones promoventes “no se pueden calificar como expertas independientes por el sólo hecho de ser una organización peticionaria de la declaración de alerta de género”, pues según la funcionaria, carecerían de imparcialidad al tener “el interés específico” de que se declare la AVG. Cruz Avilés reprobó la pretensión de la funcionaria por denostar a las organizaciones, cuando son ellas las que atienden a las víctimas, “en un país donde hay 10 feminicidios al día, en donde según datos de la CEAV se cometen 600 delitos sexuales al año, en una Ciudad de México en donde en los primeros seis meses de este año se han cometido 18 feminicidios y 300 casos de abusos sexual. Es necesario que las organizaciones dejen de ver a las organizaciones de la sociedad civil como policías que buscan fiscalizar sus procesos y comiencen a vernos como aliadas, coadyuvantes en los procesos de exigencia de seguridad para la mujeres”. Carolina Hernández Nieto de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) denunció por su parte que en abril presentó a la Conavim una “matriz para evaluar la implementación de la AVG en el Estado de México, sin que hasta la fecha se tenga una respuesta de la dependencia respecto a la propuesta”. La preocupación surge de la falta de mecanismos para “transparentar estas herramientas como la AVG, porque una de las altas preocupaciones es que la representación de Conavim reproduzca muchos de los patrones viciados de las pasadas administraciones no se permitió la participación activa de las organizaciones y de ahí que se haya tenido que acudir a procesos de judicialización”. https://twitter.com/CMDPDH/status/1181593799107198977?s=20 Además de solicitar la renuncia de Candelaria Ochoa, las organizaciones, defensoras y familiares de víctimas solicitaron un “plan de acción y acciones reales para el combate y erradicación de la violencia contra las mujeres”; evaluar y medir los resultados de las 19 AVG declaradas, para conocer “el grado de avance y obstáculos en la implementación”; que las declaratorias “no se reduzcan a acciones de política pública ordinaria que los estados deben realizar”; fortalecer la AVG con una metodología de seguimiento; transparentar las acciones y recursos destinados para ese mecanismo , y modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia “para evitar vacíos que generen un mal uso e interpretaciones a modo”.