CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, organizaciones de la sociedad civil, defensores y académicos formularon cuatro recomendaciones para garantizar estándares de transparencia, publicidad, mérito y participación ciudadana en el proceso para elegir a la persona que relevará a Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Fechada este martes y firmada por 27 organizaciones sociales nacionales y extranjeras, así como por medio centenar de académicos y defensores, la carta dirigida a López Obrador recuerda que en la designación de Medina Mora como ministro de la SCJN, en 2015, “no se atendió” a los estándares internacionales de designaciones públicas, como en su momento exigieron organizaciones que convergieron en el movimiento #SinCuotasNiCuates, que exigía un proceso con “transparencia, participación y rendición de cuentas”. El texto, presentado en nombre de los firmantes por Itzel Checa Gutiérrez, coordinadora de la organización Designaciones, resalta la relevancia que tiene la definición de la terna que López Obrador deberá presentar ante el Senado para ocupar la vacante que dejó Medina Mora. Para los firmantes “resulta fundamental que su relevo se conduzca a partir de un proceso ampliamente deliberativo sobre los perfiles que conformarán la terna” que eventualmente se presentará, “y sobre esta base abonar al fortalecimiento y legitimidad de uno de los órganos más relevantes para la vida democrática de México”. Siguiendo las recomendaciones de la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, de que los procedimientos para la designación de autoridades del sistema de justicia “deben estar abiertos al escrutinio público de los sectores sociales”, más aún cuando depende de los poderes Legislativo o Ejecutivo, los firmantes presentan elementos para incorporar “los más altos estándares de participación ciudadana, transparencia, máxima publicidad, selección con base en los méritos y capacidades, así como rendición de cuentas desde la conformación de la terna constitucional”. Para las organizaciones, en la determinación de la terna que López Obrador presentará al Senado es “fundamental proveer un mecanismo que permita a la Presidencia de la República allegarse de información y propuestas de instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y especialistas en general, sobre posibles candidaturas y su desempeño previo en otros cargos o la identificación de un posible conflicto de interés”. Por ello, en su carta los firmantes sugieren establecer un “mecanismo de preselección” que permita contar con una gama de perfiles “que garanticen su independencia, autonomía e imparcialidad dentro de la SCJN, y paralelamente tengan una reconocida honorabilidad y experiencia probada”. En ese sentido, la Presidencia tendría que abrir un proceso para “recibir sugerencias de posibles candidatos de la sociedad civil”, y una vez establecida la terna, abrir otro proceso para “recibir información sobre sus integrantes”. Para garantizar el “ejercicio amplio de escrutinio público”, recomiendan publicar en medios electrónicos y en un portal específico “toda la información referente a los perfiles profesionales y patrimoniales”, que considere el currículum, la declaración fiscal patrimonial y de intereses, y documentos que den cuenta de su experiencia y conocimientos en el tema, de acuerdo con el “principio constitucional de máxima publicidad y acceso a la información pública”. De igual manera, consideran de suma importancia que el presidente anuncie públicamente “los criterios que utilizará para valorar cada uno de los elementos que componen el perfil del o de la ministra de la SCJN” establecido constitucionalmente, generando la confianza de que “la facultad presidencial no ha sido ejercida de manera arbitraria y discrecional, sino que se encuentra sustentada en una evaluación objetiva y basada en los rasgos y exigencias que la Constitución establece para este importante encargo”. En atención a la reforma constitucional de paridad de género en los órganos del Estado, aplicable también a la SCJN, las organizaciones, defensores y académicos estiman que la terna que presente López Obrador debe estar compuesta sólo por mujeres, “y con ello avanzar para reducir esta brecha de desigualdad política por razones de género”, toda vez que actualmente la composición del máximo tribunal de justicia es de dos mujeres y ocho hombres. Advierten que “fundar y motivar la elección de la terna”, incluyendo detalles de la información recibida por parte de la sociedad civil, aporta legitimidad a la decisión final, por lo que recomiendan enviar al Senado de la República “toda la información recopilada” sobre los tres aspirantes entre los que se nombrará al sucesor de Medina Mora. Poniendo como ejemplos procesos similares en Chile y Argentina, las organizaciones de la sociedad civil y las personas que a título personal firman la carta al presidente alientan a que se les involucre “desde la conformación de la terna hasta la designación”. “Esta designación es una oportunidad invaluable para fortalecer al Poder Judicial de la Federación, particularmente en el contexto actual que enfrenta el país como resultado de graves violaciones a los derechos humanos y su impunidad en la mayor parte de los casos. Por ello es imprescindible que exista un sistema judicial autónomo, sólido, imparcial y efectivo en sus actuaciones”, apuntan. Al señalar que “la democracia sin división de poderes inevitablemente conduce al autoritarismo”, los firmantes piden al presidente dar respuesta a su misiva en apego al artículo 8º constitucional, “atendiendo a la naturaleza y apremio de la decisión en curso”. Entre las organizaciones que firman la carta destacan: Artículo 19;  Fundación para el Debido Proceso, Buscando Desaparecidos México; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Centro Nacional de Comunicación Social; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; El Día Después; Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Red por los Derechos de la Infancia; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Observatorio Designaciones Públicas; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos; Servicios y Asesoría para la Paz, y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 87 organizaciones en 23 estados, entre otras. Entre las personas defensoras y académicas firman Alberto Athié Gallo, Juan Martín Pérez García, Alfredo Lecona Martínez, Catalina Pérez Correa, Mariclaire Acosta Urquidi, Santiago Corcuera Cabezut, Eliana García Laguna y Denise Dresser Guerra.