Exigen a AMLO frene criminalización de la protesta contra ejidatarios de Cedros, Zacatecas

viernes, 1 de noviembre de 2019
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCIAC) responsabilizó al presidente Andrés Manuel López Obrador de la “libertad, integridad física y psicológica”, ante la criminalización de la protesta social de los defensores del territorio y agua del ejido de Cedros, del municipio de Mazapil, Zacatecas, quienes se han manifestado contra el deterioro ambiental provocado por la empresa minera transnacional Newmont Goldcorp. En una acción urgente, la organización presidida por el obispo Raúl Vera, denunció la liberación de órdenes de aprehensión en contra de defensores del ejido de Cedros, en el ámbito local, en tanto que en el federal se estarían “armando carpetas con delitos mayores que llevarían a prisión a los líderes”. La organización acusó la protección de la minera por parte de los gobiernos federal y estatal, en contra de las demandas de los ejidatarios por “la recuperación de la tierra, la defensa al medio ambiente, a la vida, a la salud, al trabajo digno”. RSDCIAC recordó que los ejidatarios pretenden dar por terminado el convenio de ocupación temporal, por el que la empresa pagó a los ejidatarios cincuenta centavos por metro cuadrado del territorio de Cedros, de donde en los próximos 19 años “extraerá 13 millones de onzas de oro”, de una mina a cielo abierto. Para existir la revisión del convenio, a la que se ha negado Newmont Goldcorp, ante secuelas como el agotamiento del manantial que abastecía a la comunidad, así como los daños al medio ambiente y a la salud, el 17 de marzo ejidatarios iniciaron un bloqueo de accesos a la mina que duró 81 días, Tras la intervención de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el 14 de junio, los ejidatarios levantaron el bloqueo con la promesa de que se daría solución a sus demandas a través de la instalación de mesas de trabajo, encabezadas por el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. Luego de sesenta días de trabajo, sin tener respuesta a sus demandas, los ejidatarios cerraron los accesos a la mina el 23 de octubre pasado, pero ante la amenaza del gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cisterna, el 26 de ese mes, de enviar a la Guardia Nacional para abrir la mina, e iniciar procesos judiciales contra los líderes ejidales,  así  como ante la presencia de elementos de Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional y Fiscalía General de Justicia del Estado, los defensores levantaron el bloqueo el 27 de octubre. Sin embargo, el jueves 31 de octubre el fiscal Francisco Murillo confirmó la existencia de órdenes de aprehensión contra los líderes Ascención Carrillo Vázquez y Felipe Pinedo Hernández, lo que puso en alerta a los líderes ejidales. Ante la criminalización de la protesta social, la RSDCIAC exigió medidas cautelares para los Carrillo y Pinedo, así como para Jorge Vázquez López, Rigoberto López Martínez, Lauro Herrera Martínez y José García García, entre otros, a fin de “preservar la vida e integridad física de los defensores de derechos humanos”. Red Solidaria pidió a “organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional, en el ámbito de sus atribuciones, demandar del Estado mexicano el rápido cumplimiento de estas peticiones ante la gravedad de los hechos”. La acción urgente fue dirigida a López Obrador, a Sánchez Cordero, al gobernador Tello Cisterna, a los subsecretarios Ricardo Peralta Saucedo y Alejandro Encinas Rodríguez, así como al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. La RSDCIAC también envió una copia de su petición al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao; a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet y a su representante en México, así como al relator Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst.

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