CIUDAD DE MÉXICO (apro).– De los 663 millones 394 mil pesos que se le entregaron al gobierno mexiquense en el ejercicio fiscal 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 71 millones 597 mil pesos en el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades del Estado de México (FISE). “Del total pagado con el fondo se destinó el 80.6% (534 millones 992 mil pesos) para la atención de los grupos de población en condiciones sociales más desfavorables, en virtud de que se aplicaron en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la Sedesol (ahora Secretaría de Bienestar)”, indicó la ASF en el Informe Individual de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018. A la fecha de la revisión, de las 375 obras y acciones programadas en la entidad, 370 ya están concluidas y operando, y cinco no fueron ejecutadas, lo que quiere decir que el gobierno mexiquense tiene una contribución parcial al cumplimiento de la política de desarrollo social del estado, abundó. En cuanto a la auditoría 607-DS-GF, la ASF revisó una muestra de 455 millones 146 mil pesos del total transferido al FISE y encontró que en el ejercicio de los recursos el Estado de México incurrió en inobservancias de la normativa, en obra pública y en oportunidad del gasto, generando un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 72 millones 178 mil pesos. También mencionó que en 2018 la Tesorería de la Federación (Tesofe) transfirió 645 millones 91 mil pesos a la Secretaría de Finanzas (Sefin) mexiquense, “de manera ágil, directa, sin limitaciones ni restricciones”, lo que generó rendimientos por 17 millones 877 mil pesos. Del total, la Sefin transfirió 646 millones 591 pesos a 93 municipios, de los cuales la ASF eligió a 37 para auditar, mismos que en conjunto recibieron 451 millones 216 mil pesos del FISE. El órgano de transparencia descubrió que los municipios de Zacualpan y Tlatlaya recibieron los recursos, pero no presentaron estados de cuenta bancarios, y Tenancingo no presentó información sobre los recursos recibidos, incumpliendo el artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el 32 de la Ley de Coordinación Fiscal. Señaló que la Sefin mantuvo los registros contables de ingresos y egresos del FISE 2018, con la documentación original del traspaso de recursos a los municipios, pero no cuenta con la leyenda “operado” y no se identificó el nombre del fondo, por lo que emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 2018-B-15000-21-0842-08-002. La ASF documentó las mismas inconsistencias en los municipios de Donato Guerra, Jocotitlán, San José del Rincón, Villa Victoria, Aculco, Lerma, Otzolotepec, San Felipe del Progreso, Morelos, Atlacomulco, Jiquipilco, Teoloyucan, Temascalcingo, San Mateo Atenco y Valle de Bravo, por lo que emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 2018-B-15000-21-0842-08-003. En 13 municipios (Aculco, Ecatepec de Morelos, Ixtlahuaca, La Paz, Lerma, Morelos, Ocoyoacac, San Mateo Atenco, Sultepec, Temoaya, Tlatlaya, Tenancingo y Zacualpan) no se presentó la documentación comprobatoria y justificativa de los recursos del FISE por 27 millones 272 mil pesos, por lo que no se pudo corroborar el ejercicio del gasto, el objetivo cumplido o el beneficio a la población, de manera que el organismo emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 2018-B-15000-21-0842-08-004. “El gobierno del Estado de México distribuyó los recursos del FISE 2018 entre 93 de sus municipios para que ellos fueran, de manera directa, los ejecutores de este gasto público y no previno mecanismos de control y supervisión del ejercicio. “En consecuencia, no se pudo constatar el nivel del momento contable comprometido al 31 de diciembre de 2018, sin embargo, por medio del análisis financiero se determinó que no hubo pagos con el fondo en el primer trimestre de 2019, por lo que se presume que todo lo que se pagó estuvo comprometido”, destaca el informe. Antes del 31 de diciembre de 2018, los municipios reintegraron al Tesofe, de manera directa, 18 millones 107 mil pesos. Por medio de la SEFIN se devolvieron a la Tesofe 32 millones 654 mil pesos. Uno de los pagos se realizó el 30 de mayo de 2019, fuera del periodo establecido en la normativa (15 de abril de 2019), por lo que prevalecen recursos no pagados por 20 millones 834 mil pesos, “sin que el gobierno del Estado de México los haya reintegrado a la Tesofe”. En este caso se emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 2018-B-15000-21-0842-08-005. Con ello, la ASF comprobó que los más de 20 millones antes citados, más los rendimientos generados, representan un perjuicio a la Hacienda Pública Federal. También constató que el gobierno mexiquense, por medio de los municipios de Tlatlaya y San José del Rincón, ejerció el rubro de Gastos Indirectos por 290 mil pesos, importe que no excedió el 3% de los recursos del FISE, de acuerdo con el Pliego de Observaciones 2018-B-15000-21-0842-06-002. En cuanto a obras y acciones sociales se demostró que ningún contratista estaba inhabilitado, pero de los 37 municipios seleccionados para la auditoría, se revisaron 165 convenios, de los cuales 17 se adjudicaron mediante Licitación Pública Nacional, 111 por Invitación Restringida y 34 por Adjudicación Directa. “Sin embargo, los contratos PMA/DOPyDU/FISE-AD-01/2018 “Construcción de cuartos dormitorio”, PMA/DOPYDU/FISE-AD-03/2018 “Construcción de techo firme” y PMA/DOPYDU/FISE-AD-02/2018 “Construcción de piso firme”, fueron adjudicados de manera directa sin ajustarse a los montos máximos de adjudicación y no se fundamentó debidamente la excepción a la licitación”. Además, de las 164 obras que disponen de contratos debidamente formalizados, la obra con número MTM/DOP/CIOP/FISE-005/2018-IR denominada “Construcción de techos firmes en las comunidades de San Mateo Atenco El Viejo, San Pedro El Alto, Mesa del Venado y Pozo de las Palomas, municipio de Temascalcingo”, no integra el contrato formalizado en su expediente unitario, por lo que emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 2018-B-15000-21-0842-08-006. En esos y otros casos, la ASF recomendó a la Secretaría de la Contraloría mexiquense que inicie los procesos administrativos correspondientes contra los servidores públicos responsables de causarle un perjuicio a la Hacienda Pública.