CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) exigió al Estado mexicano la implementación efectiva del “Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial” para investigar los homicidios de mujeres, tal como lo instruyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la sentencia de Campo Algodonero emitida contra México hace 10 años. En el décimo aniversario de la sentencia, relacionada con la desaparición y asesinato de las jóvenes Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 6 de noviembre de 2001, el OCNF alertó que los datos oficiales reflejan una situación alarmante para las mujeres. El 16 de noviembre de 2009, el máximo tribunal de derechos humanos de la región concluyó que el Estado mexicano “violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, los derechos a la justicia y protección judicial de la Convención Americana, así como la Convención de Belém do Pará”, recordó el OCNF. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad de Seguridad Pública (SESNSP), en 2018 fueron asesinadas 3 mil 580 mujeres, es decir un promedio de 9.9 mujeres al día, pero sólo 23% de los casos fueron clasificados como feminicidio. Esa tendencia se mantuvo este año, toda vez que de enero a junio se reportaron mil 812 asesinatos de mujeres, un promedio de 10 al día. El OCNF, conformado por 43 organizaciones de 23 estados de la República, recordó que la sentencia de Campo Algodonero fijó que las investigaciones de homicidios de mujeres deben considerar “la perspectiva de género; emprender líneas de investigación específicas respecto a violencia sexual, para lo cual deben involucrar las líneas de investigación sobre patrones respectivas en la zona; y realizarse conforme a protocolos manuales que cumplan con los lineamientos de esta sentencia”. Asimismo, el resolutivo de la CoIDH contra México urge a “proveer regularmente de información a los familiares de las víctimas sobre los avances en la investigación y darles pleno acceso a los expedientes, y realizarse por funcionarios altamente capacitados en casos similares y en atención a víctimas de discriminación por razones de género”. Tras exigir la homologación del tipo penal de feminicidio en todos los estados del país, “para garantizar un solo marco normativo que regule el delito de feminicidio y un tratamiento igualitario a todas las víctimas de este crimen”, la organización consideró necesario atender la instrucción de consolidar un Protocolo Modelo “que garantice investigaciones con la debida diligencia, perspectiva de género en la investigación y que garantice el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias”. El protocolo de investigación de los homicidios de mujeres, abundó, debería tener como base la sentencia “Mariana Lima Buendía”, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual establece que “toda muerte violenta de mujeres debe iniciarse como un posible feminicidio”. El OCNF consideró que el protocolo debe garantizar “los principios de debida diligencia en las actuaciones que integran cada investigación”, así como que “se resguarden pruebas fundamentales para la acreditación del delito de feminicidio”. De igual manera, recomendó que el protocolo considere la realización de “diligencias particulares, enfocadas a la acreditación de las razones de género desde el inicio de la investigación, es decir, desde las intervenciones policiales y periciales”, en tanto que deberán desecharse los peritajes denominados “necropsias psicológicas”, a través de las cuales se establece el perfil de la víctima que “la estigmatiza y desvirtúa el hecho de que la mujer pudo haber sido asesinada por razones de género, a través de valoraciones subjetivas de su conducta, haciendo conclusiones y valoraciones que denigran a las víctimas”. El OCNF refrendó la exigencia al Estado mexicano para cumplir la sentencia de la CoIDH, que determinó que “está en la obligación de investigar y sancionar a todos los responsables de la obstrucción de la justicia, encubrimiento e impunidad que han imperado en relación con estos casos”. Finalmente, insistió en que “es necesario que las autoridades tomen acciones contundentes que garanticen el acceso a la justicia para las mujeres”, y que sean “urgentes y eficaces para que los impactos sean positivos en la vida y a la justicia de las mujeres, niñas y adolescentes de México”.