CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La nueva Ley de Austeridad Republicana, publicada este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ataca los “excesos” en el gasto público, que abarcan desde el uso de aeronaves, camionetas de lujo, guardias y seguros privados, hasta los “derroches” en luz, agua y telefonía, y otros “gastos de oficina innecesarios”. Además, establece un periodo de 10 años durante el cual los exfuncionarios de mando superior no pueden ocupar cargos en empresas que “hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público”. También endurece las reglas contra el nepotismo y el conflicto de interés, y plasma la cancelación de las pensiones y la asignación de agentes de seguridad para los expresidentes. De igual manera, la legislación restringe la asignación de secretarios particulares y de choferes en la alta burocracia; elimina las plazas con nivel de Dirección General Adjunta “que no ejerzan facultades contempladas expresamente en ley o reglamento”; quita la remuneración de los representantes gremiales en los órganos tripartidos; limita fuertemente la contratación de servicios de consultoría y asesoría; y “ajusta” la asignación de publicidad oficial. A la par, pone un fuerte candado sobre la constitución de fideicomisos públicos, por lo que estas figuras quedan prohibidas en materia de salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y seguridad pública, excepto “cuando se encuentren previstos en ley”. Los entes públicos que constituyan fideicomisos deberán contar con la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –que será el “fideicomitente único”– y transparentar los fondos sin la “protección del secreto o reserva fiduciarios”, y cualquier violación a estos principios será considerada como una “falta administrativa grave”. Las disposiciones anteriores se llevarán a cabo bajo la supervisión de la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por Irma Eréndira Sandoval, y la SHCP, a cargo de Arturo Herrera Gutiérrez, que “estarán facultadas para interpretar esta ley”. El texto define la austeridad republicana como la “conducta” y la “política de Estado” que las dependencias públicas –incluidos los poderes Legislativo y Judicial– están “obligados en acatar” para combatir “la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”. Así, bajo la nueva ley, las dependencias ya no podrán comprar o rentar camionetas cuyo valor comercial rebasa los 367 mil pesos, excepto en casos específicos que deberán ser justificados y sometidos a la “consideración del órgano encargado del control interno”; además, los funcionarios no podrán hacer uso privado de los vehículos oficiales ni tener choferes, excepto subsecretarios y secretarios. Los funcionarios tampoco podrán usar a su gusto las aeronaves del Estado, que “serán destinadas a actividades de seguridad, defensa, marina, fuerza aérea, de protección civil, así como al traslado de enfermos”, y las que “no cumplan con esta función serán enajenadas asegurando las mejores condiciones para el Estado”. La ley también prohíbe la contratación, con recursos públicos, de seguros de gastos médicos privados, de ahorro, de separación individualizada, o de vida. En las oficinas públicas quedará prohibida la remodelación “por cuestiones estéticas”, así como “el derroche en energía eléctrica, agua, servicios de telefonía fija y móvil, gasolinas e insumos financiados por el erario”; tampoco se realizarán “gastos de oficina innecesarios”, pues “en ningún caso se autorizará la compra de bienes e insumos mientras haya suficiencia de los mismos en las oficinas o almacenes”. Sólo se comprarán equipos y sistemas informáticos “previa justificación” y “priorizando el uso de software libre”, de acuerdo con la norma.