CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De nueva cuenta, la representación de México en la Organización de los Estados Americanos (OEA) destacó hoy por su denuncia a la represión de la policía y las fuerzas armadas bolivianas –que mataron a 23 personas, hirieron a 715 y detuvieron a 624 más durante las manifestaciones--, y sus críticas al gobierno “de facto” encabezado por la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez. Durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA, la embajadora Luz Elena Baños Rivas condenó el “uso excesivo de la fuerza” de las fuerzas armadas –a las que llamó “a que regresen a los cuarteles y no se enfrenten a la población”--, y el decreto presidencial a través del cual Áñez “pretende eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas”. El tono crítico de México tuvo eco en la representación de Uruguay, la cual denunció que no se siguieron “los procesos constitucionales para aceptar la renuncia del presidente Evo Morales”, criticó a Luis Almagro, el Secretario General de la OEA, quien “nuevamente se ha excedido en sus funciones, al reconocer a la señora Jeanine Áñez como presidenta interina cuando se trata en realidad de una autoridad de facto”. “La OEA no tiene ninguna legitimidad como tal para reconocer gobiernos”, resaltó. Las posturas de los gobiernos mexicano y uruguayos contrastaron con las declaraciones de otros gobiernos, como el de Estados Unidos, que llamó a “a todos los bolivianos a apoyar el gobierno de transición mientras guíe la transición democrática hacia reformas electorales y elecciones nuevas, libres tan pronto cuando sea posible”. El representante de la administración de Donald Trump también urgió a “todas las partes de la sociedad boliviana” –haciendo énfasis en el “expresidente Evo Morales y su partido”-- a “refrendar la violencia”. Una postura similar adoptó el representante del gobierno brasileño –dirigido por el ultraderechista Jair Bolsonaro--, quien felicitó a la senadora Áñez “por haber asumido constitucionalmente las responsabilidades de la presidencia de su país”. Durante la sesión de hoy, Baños recordó que la Asamblea Legislativa boliviana –controlada por el Movimiento Al Socialismo, de Evo Morales--, es el único órgano constitucionalmente facultado para aceptar la renuncia del presidente y vicepresidente, así como para convocar elecciones y renovar el órgano electoral”. En otras palabras: a diferencia de otras delegaciones, que expresaron su confianza en Áñez y en su gobierno para llevar a cabo las próximas elecciones, el gobierno mexicano insiste en que la Asamblea Legislativa es la única autoridad competente para asumir esta tarea. Baños también reiteró “la importancia de cumplir las normas constitucionales al permitir las sesiones de la Asamblea Legislativa de Bolivia, ya que será en este foro dónde se consoliden los acuerdos necesarios para que regrese la paz y la prosperidad que caracterizaban a este país hace apenas unos meses”. El Consejo Permanente discutió por la mañana una resolución sobre la situación en Bolivia, elaborada tras bambalinas por los gobiernos de Colombia, Brasil y Estados Unidos; entre otros. Dicha resolución no menciona la intervención de los militares, la toma de posesión de Áñez ni las acciones represivas que implementó a raíz de su autoproclamación. Las representaciones de México y Uruguay no fueron convocadas en la elaboración de la resolución, por lo que Baños criticó “la forma en la que últimamente se está negociando en la OEA, excluyendo a un grupo de Estados miembros, profundizando con esto la división al seno de la Organización”. Ambas delegaciones pidieron que sus posturas críticas fuesen incluidas en la resolución, como “pie de página”. Algunas delegaciones de otros países retomaron las preocupaciones expresadas en las últimas dos semanas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los “excesos” de las autoridades bolivianas en la represión. El gobierno canadiense, por ejemplo, hizo “eco a las preocupaciones expresadas por la CIDH sobre la continuación de excesos de violencia en Bolivia y sobre los riesgos de represión violenta e impunidad fomentado por el decreto supremo” y exhortó al gobierno “de facto” a aceptar una visita de una misión de la CIDH.