CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) urgió a crear el “Mecanismo Transnacional de Protección Integral para la Niñez Migrante, Refugiada y sus Familias”, con el fin de atender a miles de niñas, niños y adolescentes en condición de migración. Durante la presentación de la edición número 15 de La Infancia Cuenta en México, con el informe “Desafíos en la Protección de Derechos de la Niñez Migrante en la Frontera Norte de México”, la organización destacó el incremento constante de migración infantil y adolescente de países de Centroamérica y mexicanos que huyen de escenarios de violencia, pobreza o desastres naturales, o bien buscan la integración familiar en Estados Unidos. Con base en información pública, la Redim apuntó que, en los últimos 10 años, anualmente “los estados fronterizos reciben alrededor de 14 mil niñas, niños y adolescentes mexicanos no acompañados que han sido deportados desde Estados Unidos”. Para dar cuenta de la dimensión del problema, agregó que en el año fiscal 2019 –de octubre de 2018 a agosto de 2019-- la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo a 72 mil menores migrantes no acompañados, mientras que en México las autoridades migratorias detuvieron en promedio a 183 menores de enero a julio de este año. La movilidad de niñas, niños y adolescentes en los últimos años ha puesto en evidencia “la falta de voluntad política y la frágil articulación internacional para garantizar sus derechos; se han visto rebasados por la crisis humanitaria que enfrenta la región”, abundó. Consideró que la mejor forma de enfrentar el desafío es a través de la creación del “Mecanismo Transnacional de Protección Integral para la Niñez Migrante, Refugiada y sus Familias”, que permitiría a los sistemas integrales de protección de México y de países centroamericanos “trabajar de manera coordinada en la atención de la migración de las niñas, niños y adolescentes de la región, así como en su prevención”. Para la Redim, urge proteger a los infantes que llegan a los estados de la frontera norte, donde “se vive un contexto de violencia armada generalizada y el control territorial del crimen organizado, que encuentra en las personas migrantes una fuente ilegal de dinero”. Destacó que con el informe presentado en la décima quinta edición de La Infancia Cuenta en México, lo que se busca es incidir “en la elaboración de políticas públicas que protejan y garanticen los derechos de las niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad”. La organización enlistó una serie de recomendaciones a partir de datos que evidencian que la actual política migratoria deja serias dudas del cumplimiento de las obligaciones constitucionales del Estado “de respetar el principio y derecho del Interés Superior de la Niñez (ISN) en todas las actuaciones de sus funcionarios, así como en las negociaciones con Estados Unidos, en apego al artículo 4º constitucional”. Para cumplir con el ISN y los preceptos constitucionales, consideró indispensable que los menores migrantes no sean detenidos en estaciones migratorias, aplicar mecanismos de cuidados alternativos como lo recomiendan organismos internacionales y armonizar la Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niña, Niños y Adolescentes. Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer las Procuradurías de Protección la Infancia, “a fin de garantizar planes de restitución de derechos” de esa población; diseñar e implementar acciones que permitan a los menores “participar y ser escuchados”; y reconocer el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes migrantes, a fin de “crear programas de desvinculación y planes de restitución de derechos”. De igual manera, estimó de suma importancia “no devolver a la niñez a los lugares donde su vida corre peligro”, considerando el retorno a su país de origen, “determinando su interés superior con un plan de restitución de derechos y acuerdos transnacionales que garanticen su cumplimiento para permitir una reinserción exitosa”. A la presentación del documento asistieron el coordinador de Vinculación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Daniel Ponce Vázquez; la procuradora federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, Yolanda López Bravo; la Oficial Nacional de Protección de la Organización Internacional para las Migraciones, Yolice Quero; el Oficial Principal de Protección del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Josep Herreros, y la secretaría técnica del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, Melissa Vértiz Hernández. El evento estuvo encabezado por la presidenta del Consejo Directivo de Redim, Isabel Crowley, y el director ejecutivo Juan Martín Pérez García.