CNDH emite recomendación a Durazo para reparar el daño a dos personas torturadas en 2014

lunes, 4 de noviembre de 2019
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instruyó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, a reparar el daño a dos personas, un hombre y una mujer, detenidas y torturadas en 2014 por efectivos de la Policía Federal (PF) en Ciudad Victoria, Tamaulipas. A través de la recomendación 26VG/2019 por violaciones graves a los derechos humanos, la CNDH expuso que en hechos registrados el 9 de agosto de 2014, agentes de la PF ingresaron a un domicilio, sin orden de aprehensión, para llevarse a dos personas, y le provocaron un aborto a la mujer. En ese evento, subrayó, se acreditaron “violaciones graves a los derechos humanos a la libertad, seguridad personal y legalidad, por la inviolabilidad del domicilio de dos personas, su detención arbitraria y retención ilegal, así como a la integridad personal por actos de tortura contra dichas personas”. De acuerdo con la recomendación, la CNDH tuvo conocimiento del caso el 25 de mayo de 2015, tras ser turnado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas. Según la notificación del organismo local, aquel 9 de agosto varios policías federales ingresaron al domicilio de las dos víctimas, un hombre de 30 años y una mujer de 35, a quienes detuvieron de manera ilegal y posteriormente los sometieron a tortura física y psicológica, “provocando que ella sufriera la pérdida del producto de la gestación”, con nueve semanas de embarazo. La documentación precisa que la tortura infligida tuvo como objeto obligar a las víctimas a “declararse culpables de delitos de delincuencia organizada y contra la salud”, aunado a que se les retuvo más de un día antes de ponerlos a disposición de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México. Como parte de las recomendaciones dirigidas a Durazo Montaño, la CNDH instruyó a “reparar el daño a los dos agraviados, que incluya compensación en términos de la Ley General de Víctimas, se les brinde atención psicológica y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas”. El organismo también pidió la colaboración del funcionario en la carpeta de investigación que se inicie por la denuncia y la queja que la CNDH presente ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, respectivamente, “contra el personal involucrado en los hechos, incluyendo a otros elementos de la corporación que por acción u omisión hayan permitido esa actuación”. La CNDH urgió a “capacitar a los agentes de la Policía Federal en materia de derechos humanos, específicamente sobre los estándares internacionales, acuerdos y protocolos” mencionados en el documento recomendatorio, “relacionados con los derechos a la integridad, seguridad jurídica y libertad personal, así como con la prohibición de la tortura”. A los agentes de la PF, la dependencia deberá proporcionarles “equipos de videograbación, audio y geolocalización satelital que permitan confirmar, a través de su uso permanente, que en las acciones llevadas a cabo durante los operativos respetan los derechos humanos”. Finalmente, sugirió a Durazo Montaño “realizar las gestiones conducentes para reformar el artículo 14 primer párrafo del ‘Protocolo de Actuación de la Policía Federal sobre el Uso de la Fuerza’, con el fin de que el uso de esos elementos de grabación sea obligatorio y atienda estándares internacionales en materia de rendición de cuentas”.

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