CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La opacidad sobre el número y situación jurídica de miles de niñas, niños y adolescentes ingresados en los Centros de Asistencia Social (CAS) y en los albergues públicos y privados mantiene a esa población en estado de alta vulnerabilidad, alertó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). De acuerdo con el Informe Especial sobre Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social y Albergues Públicos y Privados de la República Mexicana, existen 877 establecimientos donde “prevalece la ausencia de políticas públicas e integrales para la atención de la población menor de edad, y se carece de información precisa y desagregada que permita identificar cuántos son, dónde están y cuál es la situación jurídica” de esas personas. De los 877 establecimientos, 119 son públicos y 562 privados, registrándose la mayor concentración de CAS y albergues en Chihuahua (193), Baja California (96) y Tamaulipas (55). Sobre la falta de información, la CNDH señaló que del periodo del 1 de enero al 10 de febrero de 2016 --actualizados los datos al 31 de enero de 2019-- “los sistemas DIF de Chihuahua, Jalisco y Colima no refirieron la naturaleza jurídica de 196 (instalaciones), 21 sistemas DIF no remitieron información de los CAS, y el DIF nacional informó que en 2019 cuenta con información de 95 CAS a nivel nacional, reportados sólo en nueve entidades federativas. “Los estados de Hidalgo, Michoacán y Yucatán no informaron si cuentan con base de datos de las personas menores de edad residentes en sus centros, y sólo 15 entidades aportaron información sobre los motivos de ingreso a los CAS, en tanto que Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Nuevo León y Yucatán no proporcionaron datos sobre denuncias por delitos contra personas menores de edad albergadas”. Según la información a la que tuvo acceso la CNDH, a través de solicitudes explícitas a gobiernos de las 32 entidades federativas y el gobierno federal, habría en el país 26 mil 372 niñas, niños y adolescentes bajo el resguardo de los CAS y albergues, de los cuales sólo se tendría información de 16 mil 620 menores (7 mil 988 son varones y 8 mil 682 mujeres). El documento agrega que se desconoce la situación jurídica de 19 mil 126 niñas, niños y adolescentes, siendo los únicos datos obtenidos de “mil 959 personas con posibilidades de reintegración familiar, 627 candidatas a adopción, mil 858 con necesidad de regulación de su situación jurídica y cero candidatos de acogimiento familiar”. Presentado por el primer visitador general, Ismael Eslava Pérez, el texto advierte sobre la inexistencia de una política de “prevención de las causas de los ingresos de niñas, niños y adolescentes a los CAS”, en tanto que las instancias de procuración de justicia “no cuentan con registros adecuados sobre la incidencia de delitos cometidos contra la población residente en CAS y albergues, ni de las personas menores de edad que se canalizan a ellos”. El organismo resaltó que de las solicitudes de información que formuló sobre los motivos de ingreso a los CAS y a los albergues, sólo 15 entidades respondieron, siendo la causa más frecuente la de “protección y resguardo” con 2 mil 451; migración, mil 837; ser víctima de violencia, abandono, abuso sexual o violación, mil 699; por omisión de cuidados, mil 673; ingreso voluntario, 792, y por carecer de cuidados parentales, dos. “La falta de información sobre los CAS y albergues públicos y privados es obstáculo para la toma de decisiones de las autoridades, y para realizar un seguimiento efectivo de la situación de cada niña, niño o adolescente que se canaliza a ellos, así como origen de varias recomendaciones emitidas por este organismo nacional” --al menos siete--, entre las que resalta la 18/2018 sobre el albergue “La Gran Familia” en Michoacán, abundó. Entre los temas de preocupación, la CNDH sostiene que “son frecuentes las violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes que residen en esos lugares, donde falta personal especializado, suficiente y con capacitación periódica e idónea”, de ahí la urgencia de que se destinen presupuestos que cubran los requerimientos de su operación, que varía según la entidad federativa. El documento precisa que, aun cuando la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a todas las autoridades a actuar en favor de la infancia, “sólo los sistemas DIF están encargados de los programas para la población en CAS y albergues, sin embargo, no se enfocan a las causas de ingreso a los mismos, sino que brindan cuidados básicos, lo que ocurre de forma fragmentada y no transversal”. Durante la presentación del informe, el primer visitador de la CNDH consideró que el Estado mexicano “debe transitar hacia un esquema integral de protección de derechos de la niñez y adolescencia” en las instalaciones señaladas, ya que “la política pública dirigida a esa población debe incluir acciones de prevención de violencia, la mejora de los procesos de atención, la restitución de sus derechos, la reparación de daño, garantías de no repetición, y propiciar que quienes se encuentran en ellos tengan la oportunidad de reintegrarse con su familia o integrarse a un nuevo grupo familiar en el menor tiempo posible”. La recomendación está dirigida a las secretarías de Gobernación, de Salud, de Educación Pública, de Cultura y de Bienestar, así como a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a los gobernadores de las entidades federativas y a los secretarios ejecutivos del Sistema Nacional y estatales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. A las secretarías federales, la CNDH recomendó “incorporar en sus planes, programas y estrategias a la población menor de edad residente en CAS y albergues públicos y privados del país, adoptando medidas diferenciadas para garantizar el acceso a todos sus derechos en condición de igualdad respecto de otros grupos de la población menor de edad”. A los gobiernos estatales y sus congresos se les requirió “destinar recursos suficientes para fortalecer las instalaciones de procuración de justicia y las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, considerando la necesidad de atención especializada por personal experto y contar con infraestructura material y técnica de calidad para garantizar la seguridad, integridad y cumplimiento de sus derechos”. A los secretarios ejecutivos del Sistema Nacional y Locales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, se les urgió a “recopilar datos a nivel federal, estatal y municipal sobre la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia en CAS y albergues; incorporar en sus planes de trabajo acciones, programas y políticas públicas para su protección; identificar, prevenir y atender las causas que generan la separación familiar de las personas menores de edad, e implementar políticas de desinstitucionalización progresiva, someter a discusión de integrantes de los SIPINNA federal y locales la situación de macroinstituciones operadas por el sector privado, fundaciones y organizaciones civiles, y diseñar políticas públicas para que su personal respete y cumpla los derechos de la niñez y adolescencia, y existan mecanismos de denuncia amigables y se privilegie la comunicación permanente con sus familias y comunidades para asegurarles un desarrollo integral”. La CNDH también solicitó al Congreso de la Unión reformar el artículo 107 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de “ampliar las atribuciones de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para la vigilancia y supervisión de centros de asistencia social y/o albergues en que los menores están bajo modalidad de internamiento y no necesariamente carecen de cuidados parentales, modificar dicha ley para establecer la prohibición expresa del castigo corporal y armonizar leyes en la materia relacionadas con el cuidado temporal a la población menor de edad”. El documento también hace recomendaciones a los congresos locales para que impulsen “que leyes y normas regulen la autorización, registro y supervisión de los CAS y albergues públicos y privados que atienden a población menor de edad”, así como a fiscalías y procuradurías locales, que “deberán establecer lineamientos para regular la canalización de personas menores de edad a CAS y albergues públicos o privados autorizados por las Procuradurías federal y locales de Protección”. El informe pide al Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi) mantener actualizado su Censo de Alojamientos; al Sistema DIF y a la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se les requirió realizar acciones para que los CAS y los albergues “presten servicios en condiciones seguras y dignas, consoliden y actualicen el Registro Nacional de Centros de Asistencia Social y proporcionen orientación a las Procuradurías de Protección locales en materia de recopilación de datos”. A los sistemas DIF estatales y municipales y las procuradurías de protección se les solicita capacitar y evaluar a su personal en materia de derechos humanos y derechos de niñez y adolescencia, así como elaborar protocoles de prevención y atención en casos de violencia. Por último, a los titulares de las procuradurías y fiscalías se les recomienda mejorar los sistemas de registros sobre denuncias y delitos contra la población infantil, y capacitar a su personal en derechos humanos y derechos de menores de edad y adolescencia.