CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de alerta de género y mejorar su efectividad. En un comunicado, la Cámara informó que el documento obtuvo 450 votos a favor y fue enviado al Senado para sus efectos constitucionales. Define las alertas como el conjunto articulado de acciones y mecanismos de protección de emergencia y temporales, ejecutadas de forma coordinada entre los tres órdenes de gobierno y los poderes del Estado, según sus facultades y atribuciones, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. Asimismo, define el concepto de debida diligencia como la obligación de servidores públicos, dependencias y entidades de gobierno de atender y actuar dentro de un tiempo razonable y brindar respuesta eficaz, responsable desde el enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género para la prevención, atención, investigación, sanción y reparación integral del daño a las mujeres víctimas de violencia. De igual forma se establece la conformación de un Comité de Expertas en derechos humanos, justicia, perspectiva de género, sociología y antropología. https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1204539432281374720?s=20 El dictamen ubica al suicidio como una forma de violencia feminicida, y subraya que la Cámara de Diputados y los congresos locales aprobarán en los presupuestos, una partida para las alertas de género y darán seguimiento a su ejercicio efectivo. Precisa que se debe garantizar que sea suficiente el personal de las instituciones públicas que forme parte del grupo interinstitucional, que cuente con las herramientas técnicas y materiales, y tenga la formación adecuada para dar seguimiento puntual a todo el proceso de alerta de género. Una vez notificada una declaratoria de alerta de género, las entidades federativas, municipios o alcaldías, de manera inmediata y coordinada, deberán implantar un plan de acción con perspectiva de género, orientado a adecuar las políticas públicas y cumplir con las medidas de prevención, atención, seguridad y justicia para erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Además, se registrarán los datos e información necesaria para evaluar el cumplimiento de las obligaciones ante el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, observando los principios de transparencia, máxima publicidad y acceso a la información, así como la protección de datos personales durante el total de la etapa de alerta de género. Agrega que ente la violencia feminicida, el Estado tendrá que reparar el daño conforme con los parámetros establecidos en los tratados internacionales. En lo particular, se aceptó con 437 votos la reserva al artículo 23 bis, para establecer que corresponderá a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres formar el Comité de Selección. A este comité se integrará una persona invitada de la Oficina en México de la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer.

Nueve mujeres asesinadas cada día

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga, precisó que en nuestro país nueve mujeres son asesinadas cada día. Y erradicar la violencia contra todas, es requisito para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, a los que las lideresas y los líderes del mundo se comprometieron para el 2030. Dijo que el sistema de justicia históricamente ha sido indolente. Las fiscalías, incluidas sus instancias de investigación y las instituciones de administración de justicia han sido la primera barrera de acceso a la justicia para las víctimas, siendo la violencia institucional contra las mujeres la regla. En la actualidad, indicó, en México hay 410 municipios en 19 entidades con declaratorias de alertas por violencia de género. Por ello, el dictamen plantea articular entre autoridades de todos los órdenes de gobierno y en todos los poderes de la Unión, para hacerle frente a la emergencia. Se requiere actuar de manera coordinada con municipios y estados a fin de atender no sólo los síntomas más visibles del problema, sino atacar las causas estructurales y la instrumentación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres.