CIUDAD DE MÉXICO (apro).– En su demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el gobierno mexicano buscará en prioridad que el organismo declare medidas provisionales para impedir que agentes policiacos y militares bolivianos penetren a la fuerza en los recintos diplomáticos de México en Bolivia, anunció este jueves Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Cancillería. A la par, Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe, invitó a la canciller interina de Bolivia, Karen Longaric, a “abrir un canal de comunicación directo” y a “sostener un encuentro en un país tercero” para “cerrar este episodio”. La tensión entre la administración mexicana y el gobierno boliviano se disparó a lo largo del último mes, durante el cual México otorgó el asilo a Morales y dio protección a 27 de sus cercanos. A la par, el gobierno interino de Áñez frenó el otorgamiento de salvoconductos y a partir del pasado 21 de diciembre desplegó a decenas de agentes –uniformados y de civil– afuera de las representaciones de México, quienes patrullaron, inspeccionaron vehículos oficiales y hasta volaron drones. En la embajada y la residencia de México en La Paz se encuentran nueve asilados políticos cercanos al expresidente Evo Morales, contra los cuales el gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez lanzó una “cacería” el pasado 13 de noviembre. Desde el pasado 11 de noviembre, la Embajada de México en Bolivia envió 28 notas diplomáticas al gobierno boliviano de facto, en las cuales pidió salvoconductos para 27 personas a las que otorgó protección. https://twitter.com/maximilianoreyz/status/1210201978451714048?s=20 Durante un mensaje a medios, Reyes Zúñiga aseveró que el 26 de noviembre, el gobierno de Áñez contestó con órdenes de aprehensión contra varias personas asiladas en los recintos diplomáticos de México, y un mes después, envió a la embajadora un citatorio al despacho ministerial. El funcionario sostuvo que el gobierno mexicano “respondió a todas las notas de protesta de Cancillería boliviana”. Por lo pronto, el gobierno mexicano está preparando sus argumentos para presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia –y no ante la Corte Penal Internacional, como el canciller Marcelo Ebrard Casaubón informó equivocadamente en la mañana, y luego corrigó–. Y, en respuesta a los argumentos del gobierno boliviano –que justificó el despliegue de agentes por la seguridad de la embajada de México–, Celorio soltó: “una cosa es garantizar la seguridad y otra cosa es hostigar”. “Buscamos en esencia que cesen los actos que resulten violatorios de la Convención de Viena”, insistió el funcionario, y recalcó que las acciones del gobierno de facto de Áñez “representan un hostigamiento y atentan contra la inviolabilidad y la tranquilidad de nuestro local diplomático”. Si bien los funcionarios no dieron una fecha exacta para que el gobierno entregue el escrito, Velasco aseguró que sería “a la brevedad”, pues por el momento la corte no está abierta.