CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La fundación AsiLegal calificó como “estigmatizante” e “insuficiente” el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2019, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). A través de una carta dirigida al organismo, AsiLegal señaló que la mención de un apartado específico sobre la situación de las mujeres y centros femeniles dentro del DNSP generó la expectativa de que dicho sector, sumamente vulnerable, pudiera obtener justicia histórica al revelar las circunstancias por las que atraviesa. Sin embargo, explicó, el reporte carece de un análisis adecuado a partir de razones de género y perpetúa el estigma de únicamente reconocer a las mujeres como madres, “invisibilizando, ignorando y desatendiendo” los problemas culturales, institucionales y particulares que contribuyen a que las personas sean recipientes de medidas privativas de libertad. La agrupación civil indicó que, pese al orgullo con el que la CNDH afirma que “el trabajo del diagnóstico ha terminado en repercutir positivamente” a la situación de las mujeres privadas de la libertad, con la creación de cinco nuevos centros femeniles, éste puede ser un síntoma de que se están usando más medidas privativas de libertad contra las mujeres en conflicto con la ley penal. Si bien el diagnóstico contiene cifras sobre las personas en relación con la capacidad del centro, la calificación general de éstos, el número de mujeres privadas de la libertad en el país y cuántos menores de edad viven con sus madres en reclusión, este último aspecto, abundó, es el único dato que refiere razones de género.

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 by Revista Proceso on Scribd

Además, dijo, la información del DNSP 2019 no agota ni de cerca la pesquisa necesaria para atacar los problemas que les acontecen dentro, ni los que las llevan a tener conflicto con la ley penal. Por ello, AsiLegal pidió a la CNDH cumplir con su deber de reconocer y amplificar la situación que viven las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios --“un tema prioritario”, de acuerdo con el DNSP– donde se les dio un trato “alarmante”. Asimismo, solicitó analizar los patrones de criminalización de las mujeres y el déficit de información sobre grupos vulnerables privados de libertad, a raíz de la cancelación “temporal” de la Encuesta Nacional de la Población Privada de Libertad, a inicios de 2019, y que dejó de realizarse desde 2017. Lo anterior, precisó, debido a que no existe “una recopilación sistemática y profunda sobre cómo las personas privadas de libertad experimentan, en su propia voz, el estado del sistema penitenciario” De igual manera, recordó a las autoridades competentes que hacer apartados con números específicos como los mencionados anteriormente no es llevar a cabo un análisis que realmente comprenda los sistémicos abusos a los que son constantemente sometidas las mujeres, como los altos niveles de vulnerabilidad al momento de la detención, la violencia sexual ejercida con el fin de conseguir bienes básicos de cualquier índole o protección, así como la prostitución, hostigamiento y humillación dentro de los centros penitenciarios del país. Todos ellos, detalló, son documentados por el Centro ProDH en “Tortura sexual en México: Contexto, prácticas e impactos”, informe donde se establece que “gran parte de los casos de tortura a mujeres se dan cuando se encuentran privadas de la libertad”. Finalmente, AsiLegal advirtió que la deuda histórica de garantizar los derechos básicos de las mujeres mexicanas no se saldará si no se es consciente de dónde se genera la mayor cantidad de abusos a su integridad. “Saber cuántas mujeres se encuentran privadas de libertad es un paso, pero el compromiso detallado en la introducción del apartado del DNSP no será verdadero hasta que se haga un análisis completo y sistemático del universo de violencia, abuso y tortura en el que, por razones también importantes de detallar, se encuentra el sistema penitenciario mexicano”, remató.