CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó reformar diversas leyes con el fin de tipificar la violencia política en razón del género, lo que implica toda acción u omisión que limite, anule o menoscabe el ejercicio de derechos políticos de mujeres. El pleno aprobó el dictamen en lo general con 419 votos, y en lo particular con 416. El documento se turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación. Durante la discusión en lo particular, el pleno aceptó una propuesta de modificación de las juntas directivas de las Comisiones Unidas, para precisar, entre otros puntos, la definición de violencia política en razón de género y sus formas de manifestación.

“Violencia política en razón de género: es toda acción u omisión basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones y la libertad de organización”, se lee en el dictamen aprobado.

Añade: “Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en la Ley General de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a través de la descalificación, ridiculización, bromas hirientes, restricción del uso de la palabra, agresiones verbales, descalificación de sus aportaciones, hostigamiento, coacción, obstaculización de su trabajo, ataques físicos y psicológicos, acoso y hostigamiento sexual, amenazas, intimidación, difamación, presión o cualquier acto u omisión que tenga como consecuencia la solicitud de licencia, separación o renuncia de la candidatura, del cargo al que fue electa o el que se encuentre desempeñando, así como en cualquier tipo discriminación y menoscabo de la autoridad de las mujeres políticas”. Las acciones de violencia política en razón de género se sancionarán con 50 a 300 días de multa y con seis meses a dos años de prisión. En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada María Wendy Briceño Zuloaga, expresó que el dictamen deriva de nueve iniciativas promovidas por 40 legisladoras y legisladores, y abre la puerta a todas aquellas que en su pleno ejercicio tengan derecho a gobernar. “Esto sólo se puede garantizar si reconocemos en primer orden de ideas a la violencia política como una modalidad de agresión hacia las mujeres, definida como violencia política en razón de género”. Mencionó que los cambios en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales permitirán, entre otras cosas, definir la violencia política en razón de género e implementar el principio de paridad de género en la conformación de los órganos de dirección, poder y mando del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales. “La violencia política feminicida no es y nunca será el costo del ejercicio de nuestros derechos. La justicia que queremos y merecemos no es obtener el cargo público sin competir, es competir sin temor. Demandamos la construcción de nuevas relaciones políticas basadas en planos de igualdad y seguridad para que hombres y mujeres podamos ejercer nuestros derechos”, añadió. https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1202728307755814912?s=20 Por la Comisión de Gobernación y Población, su presidenta, Rocío Barrera Badillo, expuso que desde que se comenzó a analizar el rol de la mujer en la construcción de la nación, en 1931, y hasta la fecha, mucho se ha logrado, particularmente en la última década en que el Estado ha ido adoptando, pese a mucha resistencia, cambios fundamentales que replantean el rol femenino en la sociedad. La lucha por la paridad en todos los aspectos, pero principalmente en lo laboral, económico y político se empieza a reflejar en el andamiaje jurídico, abonando al saneamiento de una deuda muy añeja pero también vigente. “Hoy daremos un importante paso para resolver el grave problema de la violencia política en razón de género”, apuntó. Indicó que sancionar la violencia política de género resulta de la mayor trascendencia, porque permitirá procurar el adecuado ejercicio de los derechos políticos de la mujer. En los posicionamientos, la diputada Laura Martínez González (Morena) expuso que la violencia política hacia las mujeres no puede seguir siendo normalizada al interior de los partidos.

“Esta agresión no debe seguir siendo proporcional al incremento de la participación política de las mujeres, ni el lenguaje sexista, ni las amenazas, ni el escamoteo de derechos, ni la violencia económica, sicológica o física, mucho menos, el feminicidio”, soltó.

La panista Adriana Dávila Fernández externó que la violencia política no se ve, pero se siente. “Estamos decididas a participar y demostrar que las habilidades, el talento y las capacidades para tomar decisiones con rumbo, con dirección y de manera eficiente, no tiene género. Hago un llamado a frenar esta agresión que busca aislar, acusar, anular, lastimar, inhibir, callar, obstruir, castigar, hundir, detener, maltratar, menospreciar, menoscabar, impedir y silenciar”. A su vez, la priista María Lucero Saldaña Pérez advirtió que la violencia política es la nueva táctica para impedir la participación de las mujeres en política, y dijo que se han aprobado un sinnúmero de leyes locales, protocolos y capacitación; sin embargo, no hay sentencias debido a que se acepta que hay violencia política, pero no es suficiente. Maiella Gómez Maldonado, de Movimiento Ciudadano, aseguró que este día pasará a la historia no sólo porque se aprueban diversas leyes en materia de violencia política y paridad de género, sino porque se logra “transformar la vida de miles de mujeres con el fortalecimiento de la democracia nacional. La paridad la tenemos que vivir día a día en el trabajo, en las escuelas, pero sobre todo en los hogares”. Araceli Ocampo Manzanares (Morena) precisó que, si bien se han unido esfuerzos en contra de la violencia política hacia las mujeres, la realidad es que los resultados no han sido suficientes. Se sancionan los tratos discriminatorios y se eliminan los obstáculos que enfrentan para acceder a cargos públicos.