Activistas reprochan a López Obrador incumplimiento en cancelación de megaproyectos depredadores

viernes, 6 de diciembre de 2019 · 18:28
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un año de su arribo al poder, pueblos y comunidades indígenas de al menos 11 estados reprocharon al presidente Andrés Manuel López Obrador incumplir su palabra de cancelar megaproyectos depredadores, como el Proyecto Integral Morelos (PIM), y denunciaron que la 4T pretende arrasar con la biodiversidad en sus regiones para seguir imponiendo “proyectos de muerte”. “Queremos denunciar que la vida de nuestras comunidades está en riesgo, no aceptamos este tipo de proyectos que despojan a nuestras comunidades de sus modos y costumbres de vida. No aceptamos este tipo de progreso y desarrollo en nuestros territorios”, afirmó Lourdes Flores, integrante del Movimiento morelense en contra de las concesiones mineras por metales. En conferencia de prensa, los defensores de la tierra revelaron que de los 560 conflictos socioambientales que reconoce la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 15 afectan directamente a sus comunidades, entre ellos, el nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, y el PIM. En el caso del aeropuerto de Santa Lucia, los activistas criticaron la falta de un informe sobre el impacto ambiental de la obra, pues para su construcción se requerirían seis millones de litros de agua al día que serían extraídos de la Cuenca del Valle de México, y representarían afectaciones graves para los capitalinos, por lo que hicieron un llamado al mandatario para que recapacite. Mario Quintero, defensor del Istmo de Tehuantepec, señaló el peligro que representa el Corredor Interoceánico o Tren Transístmico, unos de los más ambiciosos proyectos de la actual administración, cuyos recursos fueron incrementados 808% en el presupuesto para 2020, en comparación al del tren maya, que, dijo, registró una reducción de 20% y al de la refinería Dos Bocas a la que se le retiró la mitad del monto asignado. Con este proyecto, precisó, se pretende convertir a la región oaxaqueña en un corredor industrial y energético que, a su paso, dejará desplazamientos, graves afectaciones a la naturaleza y a las formas de organización comunitarias. Por su parte, Miryam Vargas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua-Morelos, Puebla, Tlaxcala, denunció que en los últimos días sus integrantes han recibido amenazas de muerte en Zacatepec, Puebla, por oponerse al PIM y su abogado Juan Carlos Flores Solís sido intimidado por llevar su defensa; además, recordó que en vísperas de cumplirse un año del crimen de Samir Flores no hay detenidos. Asimismo, señaló que el PIM implica la construcción de un acueducto que despojaría a los morelenses del acceso al agua, dos termoeléctricas, y un gasoducto, mismo que pasaría por 24 municipios de Morelos, Puebla y Tlaxcala y por la zona de peligro del Popocatépetl, lo que tendría resultados desastrosos para la población en caso de alguna erupción. Los activistas también se quejaron de las afectaciones que han padecido a causa de la minera canadiense Álamos Gold que pretende extraer oro, plata y otros minerales en Morelos, la Sierra Norte de Puebla, con los proyectos Esperanza e Ixtaca, a pesar de que la manifestación de impacto ambiental le fue negada por sobreexplotar el acuífero de Cuernavaca y afectar la zona arqueológica de Xochicalco. Los habitantes de aquellas regiones alertaron el impacto que tiene la minería a cielo abierto sobre la salud de las comunidades, su patrimonio y el medio ambiente, pues tan sólo en Puebla se necesitarían 5.5 millones de litros de agua al día, lo que desabastecería a 29 municipios de la cuenca del Río Apulco. Asimismo, los pobladores de la zona del golfo de México en Veracruz manifestaron que las empresas Azucar Minerals y Candelaria Mining, quieren explotar con sus proyectos “El Cobre” y “Caballo Blanco” en las proximidades de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, lo cual implicaría un riesgo para toda la población mexicana. Mientras que en Chihuahua, cuatro concesiones mineras fueron otorgadas a tres a particulares y a la minera Evrim sin garantizar el derecho de la comunidad rarámuri de Coloradas de La Virgen, ubicada en la Sierra Tarahumara, a sus tierras ancestrales y a una consulta previa, libre e informada. Además, señalaron que en la región impera un clima de violencia extrema que cobró la vida de su compañero Julián Carrillo, de la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, el pasado 24 de octubre 2018, poco después de que la comunidad denunciara la existencia de estas concesiones. A los intereses de las mineras, indicaron, se suman los de las empresas cerveceras y refresqueras, como la Constellation Brands en Mexicali, Baja California, y Coca Cola en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pues la Comisión de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) permitió a la primera extraer 20 mil millones de litros de agua potable por año y construye una nueva planta de 400 hectáreas en la zona, mientras que la segunda extrae más de 1 millón 300 mil litros diarios y busca abrir un tercer pozo. “La lucha por el agua nos une a todos los guardianes y guardianas de la vida en México”, expresaron pues al frente de batalla están también los pequeños productores de Michoacán que la protegen ante al avance del crimen organizado que se ha ido disfrazado dentro de la agroindustria. Por todo lo anterior, los defensores del territorio En particular exigieron justicia para sus compañeros Samir Flores en Morelos y Julián Carrillo en Chihuahua, así como para todos los defensores de la vida y los territorios asesinados y criminalizados en México; respetar su derecho a la libre autodeterminación. Además, demandaron cancelar el Corredor Interoceánico, así como los proyectos eólicos, mineros, presas y todo megaproyecto de muerte en el Istmo de Tehuantepec, el Proyecto Integral Morelos; las concesiones mineras metálicas en Morelos, Puebla, Veracruz y Chihuahua y declararlos libres de minería; así como cancelar las concesiones de agua a la cervecera Constellations Brands y a la empresa Coca-Cola. Y expresaron su rechazo a las consultas, que consideraron simuladas y manipuladas, para construir megaproyectos e hicieron un llamado a la sociedad civil para defender el futuro de las próximas generaciones protegiendo sus ríos, mares, bosques y montañas.

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