CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Excandidatos a ocupar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunciaron nuevas estrategias jurídicas para intentar reponer el proceso de selección que llevó a Rosario Piedra Ibarra al frente de la presidencia del organismo. Desde la interposición de una queja ante Tribunales Colegiados de Circuito, además de comunicaciones con organismos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la solicitud de una entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador, las y los exaspirantes Nayelly Martínez Vázquez, Carlos Pérez Vázquez, Rosy Laura Castellanos, Alberto Athié, Michael Chamberlain, Rosalinda Salinas y Manuel Alejandro Vázquez dieron a conocer los pasos que han seguido para combatir la “imposición” de Piedra Ibarra. Tras hacer un recuento del proceso de selección de la presidencia de la CNDH, Athié Gallo resaltó que, si bien se estableció un procedimiento que tenía carácter vinculatorio y contaba con indicadores para calificar la idoneidad de cada uno de los 56 aspirantes, “ninguno de nosotros recibió una evaluación”, por lo que no se conocen los motivos por los que se designó la terna de la que salió electa Rosario Piedra, después de tres votaciones “que nunca llegaron a la mayoría calificada, hasta que llegó a la cuarta votación en la que se vio un jaloneo”. Athié resaltó que “ante la imposición” de Piedra, algunos excandidatos decidieron recurrir a juicios de amparo, pero “todos han sido rechazados, quedando uno pendiente del senador Emilio Álvarez Icaza, que está por verificarse si se acepta o no, y otro de Alejandro Vázquez”, excandidato. Ante el rechazo de los amparos se determinó presentar recursos de queja ante tribunales colegiados de distrito, consideró Athié, quien sostuvo que “se laceró el nombramiento de la presidenta de la CNDH, no sólo por las presiones del grupo mayoritario, sino violentando descaradamente la ley y los procedimientos”. Carlos Pérez Vázquez explicó la exigencia a los tribunales federales para que “se reponga el procedimiento, porque todos fuimos testigos de irregularidades en la elección de la presidenta” del organismo. Tras detallar las anomalías legislativas en el proceso de relevo de la presidencia de la CNDH, el abogado destacó que en la minuta de la última reforma que se hizo a la legislación que rige el relevo del organismo, el Senado estableció en 2018 que los candidatos podrían “impugnar el procedimiento, incluso a través del juicio de amparo”. Tras señalar que contra el proceso se habrían presentado al menos 15 impugnaciones, entre juicios de amparo y procedimientos ante tribunales electorales, Pérez Vázquez puntualizó que precisamente la legislación para la renovación del titular de la CNDH, que impone al Senado un rígido proceso de auscultación de los candidatos a ocupar el cargo de ombudsman nacional, fue violada por los senadores “de cabo a rabo”, con la selección de Piedra Ibarra. Al insistir que hay elementos –dictados en 2013 por la Cámara de Diputados y en 2018 por el Senado-- que reconocen el derecho a los exaspirantes a inconformarse, Pérez Vázquez consideró que, si los tribunales no toman en cuenta esos elementos en las quejas, “será una manera de abonar a la impunidad, al abuso del poder y debilitar al estado derecho democrático; sería verdaderamente monstruoso que los defensores no tuviéramos derecho a defendernos”. Carlos Pérez, quien señaló que por el momento su queja y la de Rosy Laura Castellanos fueron admitidas a trámite, apuntó que de no proceder lo que vendría para los exaspirantes es recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Rosalinda Salinas Durán destacó que los inconformes enviaron una comunicación sobre las irregularidades del proceso de relevo de la CNDH al relator de Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, así como a la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), encargada de vigilar que los organismos públicos de derechos humanos cumplan con los Principios de París. Sostuvo que entre los elementos presentados en las cartas se precisa que en el momento en que el presidente López Obrador se congratuló con el nombramiento de Piedra Ibarra, “resta autonomía” a la CNDH, en tanto que a los aspirantes “se nos viola el derecho a defendernos”. Lo que se solicita –añadió-- es que “se establezca un diálogo con el Estado mexicano para analizar cuáles son las violaciones a derechos humanos que se cometieron, y la manera en que queda comprometida la autonomía de esta institución pensada y creada para los derechos de las víctimas de abusos”. Michel Chamberlain abundó que organizaciones de derechos humanos ya han enviado otras comunicaciones al relator y a la GANHRI, para que “se pronuncien al respecto, tomando en cuenta que el último organismo emite certificaciones sobre el cumplimiento de los Principios de París, entre los que están establecidos los procesos claros de selección”. Luego de recordar que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya tiene conocimiento de lo que pasó, y que su oficina en México se pronunció, Chamberlain resaltó que entre la información que se ha enviado a las instancias internacionales es que “el Senado tenía la obligación de legitimar el proceso, y en lugar de eso decidió violar la ley, poniendo a Rosario Piedra y a la CNDH en una situación de vulnerabilidad”. El también consejero ciudadano de la CNDH mencionó que, por las irregularidades en el proceso de selección, “quienes se ven afectadas son las víctimas de hoy y mañana; lo que toca en conciencia es que la señora (Piedra) renuncie”: Alejandro Vázquez, a quien todavía no se le notifica la viabilidad de su amparo, ingresado en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, pidió al presidente López Obrador una reunión con los exaspirantes. “Le pido públicamente que nos dé una cita el presidente, no nos han escuchado. Queremos que él nos dé la cara y también queremos escucharlo, cuestionarlo sobre el nombramiento”, dijo Vázquez, y resaltó que de proceder los procesos judiciales habría una suspensión provisional que obligaría a Piedra Ibarra a dejar el cargo mientras se analiza el fondo del asunto.