AGUASCALIENTES, Ags. (apro).- La Fiscalía General del estado (FGE) tiene 15 días de plazo para aceptar o rechazar la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre diversos casos documentados por tortura y violaciones sexuales en contra de personas detenidas entre 2011 y 2012. En esa época el procurador de Justicia de la entidad era Felipe Muñoz Vázquez, actual titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales. De acuerdo con un comunicado emitido por la CNDH, 186 internos de los Centros de Readaptación Social de Aguascalientes denunciaron en 2013 a policías ministeriales y a funcionarios de alto nivel por incurrir en torturas y detenciones arbitrarias, para obligarlos a inculparse sobre diversos delitos. Del total de casos, sólo cinco mujeres y 20 hombres decidieron continuar con la investigación. La CNDH acreditó violaciones a los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la libertad personal por detención arbitraria, en nueve casos; a la seguridad e integridad personal por tortura, en 14; a la seguridad e integridad personal por tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, en dos; a la seguridad personal e integridad sexual por tortura y violencia sexual, en tres mujeres, y al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración y a la verdad, en 19. Todas atribuibles a personal de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) estatal. Por esos hechos, la CNDH presentará denuncia penal en contra de los agentes policiales y ministeriales involucrados, y también demandará al personal médico que no realizó sus dictámenes conforme a la normatividad. En conferencia de prensa, el fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, detalló que entre cinco y seis elementos podrían estar involucrados en los hechos, pero éstos ya no laboran en la institución. Algunas de las víctimas --cuyo número no se detalló-- permanecen recluidas en los penales de Aguascalientes, por lo que sus denuncias podrían impactar en el proceso legal que enfrentan. “Eso depende del Poder Judicial y de los abogados de la víctima, que promuevan alguna acción en contra de las sentencias que se les hayan dictado. No es parte de la recomendación que yo analice la situación jurídica de las víctimas”, dijo el fiscal general. Las denuncias La CNDH precisó que, derivado de los testimonios, se documentó la existencia de un espacio al interior de las instalaciones de lo que fue la PGJ, “llamado spa”, donde las víctimas eran torturadas: las ataban de manos y pies, las colocaban sobre una llanta para golpearlas y sufrían todo tipo de vejaciones. En otros casos las violaciones a derechos humanos ocurrieron mientras las personas se encontraban en arraigo. Y otras víctimas señalaron que los elementos ministeriales las amenazaban con dañar a sus familias si no aceptaban su participación en diversos ilícitos. Una de las mujeres víctimas fue detenida por agentes ministeriales el 14 de septiembre de 2011. En su testimonio, integrado a la recomendación No. 17VG/2019 de la CNDH, señaló que de la casa de arraigo la sacaban para llevarla a un cuarto de “spa”, donde dichos agentes le quitaron la ropa y la metieron a un tambo con agua, poniéndole una bolsa negra, al tiempo que con una chicharra le daban toques. Además, tres personas le hicieron tocamientos y la obligaron a firmar una declaración que narraba hechos en los que no participó. La víctima añadió que la última vez que la sacaron fue la más dolorosa, ya que una autoridad responsable le pegó con algo muy fuerte en la cabeza y perdió el conocimiento; al día siguiente despertó en el salón de la guardia. Sintió que le dolía mucho el cuerpo y tenía sangre en sus partes íntimas. No supo qué le hicieron. A ella la obligaron a firmar una denuncia por violación para incriminar a un comandante de la policía. Permaneció 43 días en la casa de arraigo, de donde la sacaron ocho veces para llevarla a las oficinas de la PGJ. Otra de las víctimas, un hombre, manifestó que fue detenido el 1 de junio de 2011 por policías ministeriales, aproximadamente a las 13 horas, cuando circulaba en un taxi. Los elementos le preguntaron que dónde traía la droga, posteriormente fue subido a una camioneta y trasladado a su casa, que fue cateada. Al no encontrar nada en ese domicilio, detuvieron a su mamá y a una hermana, quienes quedaron libres por un amparo. Sin embargo, él fue llevado a las instalaciones de la PGJ. En un cuarto como “gimnasio”, denunció, los golpearon durante dos o tres días en diferentes partes del cuerpo, con el propósito de que se inculpara por la venta de drogas y armas y por un homicidio. Lo colgaron de una cadena y le asestaron diversos golpes mientras sus agresores cantaban y se burlaban. Ante la magnitud de las lesiones fue trasladado al hospital Hidalgo, donde permaneció en estado grave; actualmente recibe hemodiálisis por la pérdida del funcionamiento adecuado de sus riñones. Tiempo después fue consignado por los delitos de homicidio y delincuencia organizada. El fiscal Jesús Figueroa Ortega aseguró que ese espacio de tortura “ya no existe” en las instalaciones de la FGE, y que la casa de arraigo que se utilizaba dejó de funcionar en 2015, último año del sexenio del priista Carlos Lozano de la Torre, cuando Felipe Muñoz Vázquez dejó la titularidad de la PGJ para asumir como subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada. Ese año, Óscar González Mendívil asumió como encargado de despacho de la PGJ, y después se convirtió en el primer fiscal de Aguascalientes. Sobre el caso arriba señalado, Figueroa Ortega destacó: “Si es necesario buscaremos al licenciado (Felipe Muñoz). Ahorita no veo la necesidad de buscarlo. Tengo plazos corriendo para cumplir primero la aceptación de la recomendación. (…) Mi relación es buena con él, lo conocí cuando él era procurador y yo juez. Por el momento no hemos entablado comunicación”. En caso de aceptar la recomendación, la Fiscalía General del estado debe resarcir el daño a las víctimas a través de apoyo psicológico y hacer las adecuaciones necesarias para que actos como esos no vuelvan a cometerse. Por separado, Enrique Morán Faz, secretario general de Gobierno, señaló que “será el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quien decida sobre la conveniencia” de mantener a Muñoz Vázquez como funcionario de la Fiscalía General de la República. (Con información de Mónica Cerbón).