Exfuncionarios deberán aguardar 10 años para evitar conflicto de interés: AMLO

martes, 12 de febrero de 2019 · 11:08
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La práctica de los servidores públicos que al dejar el cargo se contratan en empresas privadas, podría prohibirse por un período de hasta diez años, de acuerdo con una propuesta de reforma dada a conocer hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario admitió que esa práctica no es ilegal, pero insistió en calificarlo como una inmoralidad y una vergüenza, por lo que la Ley de Austeridad Republicana plantea la prohibición de contrato con el sector privado atendido en la función pública.

Desde hace una semana, el mandatario ha revelado nombres de exservidores públicos que trabajan para empresas privadas, principalmente trasnacionales, en los siguientes términos:
“Se va a hacer para los funcionarios que dejen sus cargos. Chapulines fifís, brincan…chapulines conservadores… (se prohibirá) trabajar en las empresas relacionadas con el desempeño que tenían”.
Esta mañana, López Obrador presentó una tabla en la que se desplegaron los nombres de un grupo de exservidores públicos de los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, a quienes imputa el deterioro del sector energético. Conforme a la iniciativa, el artículo 28 de la Ley Federal de Austeridad, se plantea la separación de la función pública de los intereses particulares, en prevención de conflictos de interés durante y hasta por 10 años después del ejercicio en el cargo. La lista dada a conocer ayer y reiterada hoy por el jefe del Ejecutivo es casi coincidente con el reportaje publicado en la edición del semanario Proceso que actualmente está en circulación y en donde se aborda la práctica de las llamadas “puertas giratorias”, como se denomina al paso del sector público al privado o viceversa. El semanario documentó que ese es el papel de los  expresidentes Zedillo, Fox y Calderón, de cuyos gobiernos surgieron al menos 30 altos ejecutivos empresariales. El mandatario llamó al Legislativo a que apruebe la ley pues consideró necesaria su integración al marco jurídico, a fin de que, si algún día “regresan” (sus opositores), no puedan revertir la prohibición.    

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