CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La propuesta de reforma a la Ley de Petróleos Mexicanos, que la bancada de Morena emitió el pasado 9 de enero, abre la puerta a una mayor injerencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Pemex y reduce la rendición de cuentas, advirtió hoy la organización México Evalúa. "Es un tema que nos preocupa mucho", advirtió Edna Jaime, directora de dicha organización, quien estimó que la iniciativa "incrementa la intervención política en Pemex". Opinó que la iniciativa del partido en el poder modifica el órgano de gobierno de la petrolera y concentra los poderes en su director general, quien es actualmente Octavio Romero Oropeza, un personaje de confianza de López Obrador. Con ello, añadió, "excluye la sociedad en la toma de decisión", y llamó los legisladores a abrir el diálogo respecto a la reforma. "Va a haber una centralización brutal en la toma de decisión", deploró María Fernanda Ballesteros, coordinadora en México Evalúa y responsable de una investigación que presentó hoy. Dicho estudio muestra que, de por sí, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se manejaron con opacidad durante el sexenio anterior: de 12 indicadores de transparencia evaluados por la organización, 11 resultaron insuficientes o mejorables, y en una de cada cuatro variables medidas las empresas mostraron opacidad absoluta. Y ello se reflejó en los resultados de las empresas: "Pemex necesita seis veces más empleados que Equinor (la empresa paraestatal noruega) para producir la misma cantidad de petróleo", sostuvo Ballesteros. La activista recordó que "Pemex tiene un programa y lineamientos contra la corrupción pero no informa cómo va avanzando o no", y añadió que la CFE ni siquiera cuenta con una guía sobre conflicto de interés ni con una política anticorrupción. A raíz de la reforma energética impulsada durante el sexenio de Peña Nieto --en diciembre de 2013--, Pemex y la CFE perdieron sus monopolios en el mercado energético y se convirtieron en empresas productivas del Estado, que compiten con otras empresas energéticas, mexicanas o extranjeras. La reforma también modificó sus órganos de gobierno, con la creación de consejos de administración, que tienen tanto una función estratégica como de supervisión del director general. El gobierno pretendió garantizar la transparencia con la figura de consejeros independientes, que ocupan la mitad de los asientos del consejo. Pero tanto Pemex como la CFE resultaron opacas en la transparencia de la operación de sus respectivos consejos de administración: el informe destacó la falta de transparencia en materia de conflictos de interés, de votaciones, de ingresos de los consejeros o de difusión de las minutas, entre otros. Pemex tampoco publica la información básica de sus filiales, como sus nombres, domicilios y objetos sociales, y además escapan a la rendición de cuentas con la ciudadanía. "Ni siquiera queda claro el número de empresas filiales (...) hay un área de opacidad muy fuerte que preocupa", insistió Ballesteros. Otro caso de opacidad: en materia de donativos de Pemex a estados y municipios la organización encontró que la empresa los entregó de manera totalmente discrecional y sin explicación a entidades. "Es indispensable dar un mayor impulso a una política de transparencia efectiva (...) para disuadir comportamientos de corrupción en su interior", insistió Jaime. "Nos deben de rendir cuentas, sus accionistas somos todos nosotros", añadió. José Roldán Xopa, profesor e investigador en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), estimó que hay una necesidad de repensar los consejos de administración de las empresas productivas del Estado. "Es un error histórico decir que el Estado mexicano no supo ser propietario", estimó el académico, y asestó que "una empresa productiva es una empresa pero no es una empresa privada".