CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Al Otro Lado solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con oficinas en Tijuana y San Diego, luego de denunciar amenazas de muerte por parte de organizaciones criminales, además de acciones hostiles de autoridades migratorias de México y Estados Unidos. En una petición enviada este viernes a la CIDH, la organización --que acompaña a personas en su trámite para solicitar asilo en Estados Unidos--denuncia que está atrapada entre las amenazas de organizaciones criminales “sin piedad” y las acciones “punitivas” que el gobierno mexicano toma en su contra “a petición del gobierno de Estados Unidos”. https://twitter.com/luzenlafrontera/status/1096577339834667015 Recuerda que en enero pasado el Instituto Nacional de Migración (INM) negó el ingreso a México a dos abogadas de Al Otro Lado: Erika Pinheiro, en el cruce fronterizo de Tijuana, y Nora Phillips, en el aeropuerto de Guadalajara, lugar donde vacacionaría con su hija de nacionalidad mexicana. Al Otro Lado pide protección a la CIDH contra “cualquier acción” del gobierno mexicano que “amenace la vida, la seguridad o el bienestar” de las abogadas Nicole Ramos –directora de la organización--, Pinheiro y Phillips. El INM negó la entrada de las dos últimas con el pretexto de que, al momento de revisar sus pasaportes, salió una notificación de un gobierno extranjero, probablemente de Estados Unidos. “Las alertas migratorias representan un reto grande para las personas que tratan de entrar a México, y representan un problema más grave para los defensores de derechos humanos y otros que puedan ser el blanco del Estado”, subraya la organización. En su carta a la CIDH exige que el gobierno mexicano retire las “alertas migratorias” de las abogadas y que informe sobre el origen de las mismas. Consultada por Apro, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se deslindó de cualquier responsabilidad en el asunto. En fechas recientes, Al Otro Lado apoyó a algunos integrantes de la caravana migrante que arribó a Tijuana, Baja California, en noviembre pasado. En varias ocasiones, miembros del éxodo centroamericano llegaron a la sede de la organización en esa ciudad bajacaliforniana para huir de bandas criminales dedicadas a la trata de personas, al trabajo forzoso o al secuestro, cuyos hombres entraban a los albergues. “El 18 de enero de 2019, la organización empezó a recibir amenazas de muerte por teléfono. La persona pidió a Al Otro Lado información sobre los detalles de un solicitante de asilo que recibió ayuda de la organización. El solicitante de asilo huía de una organización criminal que lo persiguió a través de México y hacia las oficinas. La persona dijo al asistente legal de Al Otro Lado que, si la organización no le diera la ubicación del solicitante de asilo, todos en Al Otro Lado serían asesinados”, destaca la petición a la CIDH. Añade: “El mismo día, una mujer llegó a las oficinas de Al Otro Lado y entregó una nota que decía que todos ahí estaban en peligro (…) a lo largo de los últimos dos meses Al Otro Lado también recibió amenazas escritas y mensajes antimigrantes colgados afuera de sus oficinas”. Además de las amenazas, la organización resalta las acciones de hostigamiento perpetradas contra sus integrantes por parte de agentes del INM y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que se agudizaron a raíz de la llegada al poder del presidente estadunidense Donald Trump y la implementación de su agenda contra los migrantes. De hecho, Al Otro Lado interpuso una demanda colectiva contra Kirstjen Nielsen, titular del Departamento de Seguridad Interna (DHS), y dos agentes de la CBP, para denunciar las operaciones ilegales que realizan los agentes fronterizos estadunidenses, con la complicidad del gobierno mexicano, para impedir que los migrantes pidan asilo, como lo reportó Proceso en diciembre pasado. En el documento enviado a la CIDH, la organización detalla que los gobiernos de Estados Unidos y México intercambian comunicaciones sobre algunos de sus integrantes. Por ejemplo, tiempo después de interponer la denuncia, Ramos recibió un mensaje del activista Enrique Morones, quien le señaló que el gobierno estadunidense pidió a Rodolfo Figueroa –entonces delegado del INM en Tijuana-- información sobre el estatuto legal de la abogada. Al Otro Lado también hace un recuento de las repetidas acciones del INM contra los abogados de la organización, y situaciones de tensión en la garita de El Chaparral. “Las abogadas Ramos y Ericka Pinheiro son regularmente fotografiadas por las autoridades mexicanas”, puntualiza. Y las autoridades de Estados Unidos también amedrentan a las abogadas con cierta regularidad: Al Otro Lado recibió información según la cual agentes migratorios de ese país descalifican a la organización ante solicitantes de asilo y les dicen que es un “fraude”, además de que Ramos es una “falsa abogada” que les miente y les cobrará tarifas exorbitantes si siguen sus consejos.