Juez frena extradición de Jorge Juan Torres López a EU

viernes, 15 de febrero de 2019
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exgobernador interino de Coahuila, Jorge Juan Torres López, acusado de asociación delictuosa, fraude y lavado de dinero, ganó un amparo federal para evitar su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por un juez de San Antonio, Texas. Según el amparo 111/2019 promovido por su abogada, Carlota Torres Llaguno, Torres López solicitó protección desde el pasado miércoles 6, luego de su detención en Jalisco, un día antes, y después de su traslado al Reclusorio Sur en la Ciudad de México. El exgobernador de Coahuila, quien sustituyó en el cargo a Humberto Moreira, denunció “incomunicación, tortura y malos tratos” después de su captura. “Vista la constancia de notificación personal realizada al directo quejoso Jorge Juan Torres López, se advierte que ratificó la demanda de amparo presentada a su favor por Carlota Torres Llaguno; al respecto se provee: ADMISIÓN”, se lee en la sentencia del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México. Tras la emisión del amparo se canceló la orden de extradición número 30/2018, consignada en el expediente publicado por el Consejo de la Judicatura Federal. Con esa medida también queda en suspenso la solicitud girada por la DEA en Estados Unidos, en diciembre pasado, cuando Torres López fue acusado de “conspiración”, según la ley 18 USC 1956. De acuerdo con la DEA, al exgobernador priista se le acusa de lavado de dinero por 2.7 millones de dólares, que habría transferido a una cuenta en Texas y después a las Islas Bermudas… “sabiendo que la propiedad involucrada en una transacción financiera representa el producto de alguna forma de actividad ilegal, realiza o intenta realizar una transacción financiera”, dice la mencionada ley. Torres fue gobernador interino de Coahuila del 4 de enero al 30 de noviembre de 2011, luego de que Humberto Moreira pidió licencia para ocupar el cargo de presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Junto con Javier Villarreal Hernández, su tesorero, actualmente preso en Estados Unidos, a Torres López se les acusa de formar un consorcio para movilizar millones de dólares presuntamente robados del erario. Recientemente la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) advirtió que durante su gestión habría estado involucrado en diversos delitos, como asesinato, desapariciones y torturas.

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