Las comunidades de Morelos, Puebla y Tlaxcala que se oponen a la termoeléctrica de Huexca –“proyecto de muerte”– promueven un amparo para detener la consulta propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el 23 y el 24 de febrero. Especialistas consultados consideran grave que no se mencione que la controvertida obra forma parte de un complejo que incluye un gasoducto de 160 kilómetros, el cual atraviesa la zona de riesgo de erupción del Popocatépetl. SANTA MARÍA ZACATEPEC, Pue. (Proeso).- La consulta sobre la puesta en operación de la termoeléctrica de Huexca –con la que presuntamente se reducirá la tarifa de energía eléctrica– equivale a poner en manos de otros la seguridad de los pobladores de la comunidad, sentencia Ofelia Juárez Piedras, habitante de San Vicente Xiloxochitla, Tlaxcala.  Integrantes de la Asamblea de Pueblos de Morelos, así como los del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra Morelos, Puebla y Tlaxcala, buscan interponer un amparo para echar abajo ese ejercicio participativo propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el sábado 23 y el domingo 24 de febrero. Esos días, los habitantes de 36 municipios de Morelos, 15 de Puebla y nueve de Tlaxcala deberán manifestar su opinión en torno a ese controvertido proyecto. Sin embargo, no se menciona que la planta forma parte de un complejo que incluye un gasoducto de 160 kilómetros, el cual, pese a la advertencia de especialistas, atraviesa la zona de riesgo de erupción del Popocatépetl, considerado uno de los volcanes activos más peligrosos del mundo. Recién llegados de Cuautla, Morelos, donde el domingo 10 acudieron a la asamblea informativa sobre el Proyecto Integral Morelos (PIM), Ofelia y otros integrantes del Frente de Pueblos aún reflejan en sus caras la desilusión y el enojo que les provocó oír al presidente López Obrador llamarlos “radicales de izquierda”.  Recuerdan las múltiples visitas que el político tabasqueño hizo a sus comunidades desde 2014 hasta su campaña del año pasado, en la cual les prometió echar abajo ese “proyecto de muerte” si ganaba la Presidencia. El triunfo del 1 de julio despertó en ellos la esperanza de que el gasoducto, detenido desde 2016, sería definitivamente cancelado. Antonia Hernández Castillo, de San Damián Texoloc, Tlaxcala, recuerda que en septiembre de 2015 López Obrador, quien era el dirigente nacional de Morena, recorrió la zona para constatar el daño que las obras de colocación de los ductos generaban en las tierras de cultivo de esa región. En aquella ocasión les ofreció el apoyo legal de Morena para que recurrieran al amparo y detuvieran el proyecto. Por eso ahora la consulta les parece una trampa para validar una obra contra la cual han luchado por más de seis años.  “Hoy le exijo al presidente López Obrador que reaccione y cumpla con su palabra de no mentir y de no traicionar al pueblo”, reclama Hernández Castillo, quien fue promotora del voto para Morena en la campaña presidencial. Impedimentos Juan Carlos Flores, integrante del Frente que en 2014 estuvo casi un año en prisión por su activismo contra el gasoducto, sostiene que la consulta propuesta por López Obrador, aunque no se diga, implica un conflicto ético: “Si llega a pasar una catástrofe, ¿de quién va a ser la culpa? ¿De quién votó ‘sí’ a la termoeléctrica? ¿Esto lo entiende la gente? Porque los que irán a votar seguramente lo harán con el gancho de que les reducirán el costo de la luz.” Señala que las organizaciones opositoras al PIM emprenderán la lucha legal para anular la consulta porque asumen que este tipo de ejercicios sería la vía para que el gobierno federal valide otros “proyectos de muerte” en el país.  La consulta ciudadana propuesta por el gobierno federal, agrega Flores, antes de aplicarse está entrampada por dos antecedentes.  En enero pasado un Tribunal Colegiado confirmó en definitiva el amparo que había otorgado en 2017 el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de Puebla a cuatro comunidades de origen nahua del municipio de Atlixco. En la resolución del juicio 402/2015 se ordena a las autoridades realizar una consulta indígena objetiva e informada sobre la construcción del gasoducto entre los habitantes de las comunidades de San Jerónimo Calera, Santa Lucía Cosamaloapan, San Isidro Huilotepec y San José El Recreo. De acuerdo con Flores, el cumplimento de esta orden judicial implicaría un proceso que se llevaría al menos medio año y, al ser informada la población, los expertos expondrían los riesgos que conlleva un gasoducto en zona sísmica y de erupción del volcán, por lo que es muy posible que los pobladores la rechacen.  Entonces, la operación del gasoducto legalmente tendría que detenerse aun cuando en la consulta que pretende llevar a cabo el gobierno federal el sábado 23 y el domingo 24 avale la operación de las termoeléctricas. También refiere que está en proceso de cumplimiento la recomendación 3/2018, emitida el 27 de febrero del año pasado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que fue aceptada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dependencia a cargo del proyecto. En su recomendación, la CNDH refiere que los 171 kilómetros que abarca el trazo del ducto que va de la comunidad de Magdalena Soltepec, Tlaxcala, a Yecapixtla, Morelos, incluye 89 localidades, entre ellas 37 pueblos originarios y 38 con algún porcentaje de población indígena, que albergan a 254 mil habitantes. El trazo definitivo de la obra, añade, contraviene el Programa de Ordenamiento Ecológico y por Riesgo Eruptivo del Territorio del Volcán Popocatépetl (POERETVP) y su zona de influencia en Puebla, e igual regulación en Morelos. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), el Centro Universitario para la Prevención de Desastres (Cupreder) e investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM advirtieron en sus informes emitidos ante la CNDH que diversos segmentos del gasoducto inciden en zonas de peligro conforme al mapa de peligros del volcán Popocatépetl elaborado en 1995 por el Instituto de Geofísica de la UNAM. Previo a la ejecución de la obra, los especialistas propusieron revisar el trazo del gasoducto, hacer estudios amplios con apoyo de instituciones especializadas, modificar los espesores de la tubería, considerar las recomendaciones y señalamientos de expertos en vulcanología y geofísica, además de incorporar en el estudio de riesgo rutas de evacuación en caso de una actividad eruptiva. La CNDH advierte que no hay constancia de que la CFE haya tomado en cuenta estas recomendaciones formuladas por el Cenapred, ni que las modificaciones realizadas al trazo del gasoducto se hayan puesto a consideración de la institución para que emitiera las recomendaciones pertinentes. Por el contrario, la institución refiere en la recomendación que del análisis de la trayectoria final se observó un incremento de la superficie en zonas de mayor peligrosidad. Del análisis de georreferenciación realizado por personal de la CNDH se concluye que 6.2 kilómetros del gasoducto inciden en la zona de mayor peligro por flujo de lodos, específicamente en los municipios de Atlixco, Huaquechula y San Jerónimo Tecuanipan, en el estado de Puebla. Además, se indica que 38.5 km pasan por la zona de peligro moderado; respecto al flujo de material volcánico, 37.6 km inciden sobre la zona de peligro moderado y 82.7 en la de peligro menor.   Aparte, 114.6 km del gasoducto inciden en la zona de peligro moderado por caída de material volcánico y 57.4 km en la de peligro menor. La recomendación 3/2018 de la CNDH pide a la CFE que, en colaboración con la Semarnat, el Cenapred, el Cupreder, el Instituto de Geofísica de la UNAM y las unidades de protección civil estatales y municipales, valore si actualmente el PIM cumple con las especificaciones técnicas previstas en la normatividad para gasoductos, así como con las normas ambientales. En rueda de prensa, el viernes 8 el director del Cupreder, Aurelio Fernández, expresó que las medidas de seguridad para que el gasoducto entre en operación aún no están resueltas. Advirtió que en trabajo de campo los investigadores de este instituto detectaron que no se respetó el trazo original que establecía el proyecto, que se siguió una trayectoria caprichosa y que es probable que haya tramos fracturados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. La principal preocupación del especialista en torno a la obra es que en el ducto se encontró infraestructura para derivar ramales, lo que implicaría incentivar un desarrollo industrial de la zona y con ello incrementar el número de población en riesgo en caso de una posible explosión del volcán, lo cual puede ocurrir en cualquier momento.  Ductos parchados  Los pobladores consideran que antes de echarse a andar la obra debe realizarse una auditoría de riesgos y de operatividad. David Torres Vázquez, habitante de San Jorge Tezoquipan, municipio de Panotla, en Tlaxcala, refiere que uno de estos riesgos son los múltiples cambios al trazo debido a que la obra se inició sin que la CFE tuviera asegurado el derecho de vía. Refiere que en 2012, cuando los pobladores supieron del PIM, organizaron asambleas comunales y ejidales que, en su mayoría, se pronunciaron por negar permisos para el paso del ducto.  Sin contar con la anuencia de los pueblos, añade, la CFE intentó convencer a los pobladores de que vendieran sus tierras, muchas veces con engaños o mediante sobornos.  “En caso de que yo no quisiera venderles mis tierras, le compraban a mi vecino y así me sacaban la vuelta; entonces el trazo quedó en forma caprichosa”, refiere.  Otro peligro para los pobladores, señala, es la calidad de los materiales que se emplearon y la corrupción que, presumen, privó en el proyecto. El activista muestra a la reportera fotografías tomadas durante la colocación de los tubos en la zona de terrenos acuosos de Texoloc –donde abunda el salitre– en las que se observan parches con los que aparentemente se repararon los desperfectos.  Torres dice que los pobladores sospechan que la empresa italiana Bonatti, subcontratada por las españolas Elecnor y Enagás para la colocación del ducto, usó tubería reciclada y en el caso de zonas de riesgo no se tomaron medidas de reforzamiento, como en áreas de materiales altamente corrosivos. Alejandro Torres Chocolatl, de la comunidad de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, en Puebla, asegura que sus vecinos fueron testigos de que Bonatti utilizó tubería que tenía más de 10 años de estar a la intemperie en Atlixco. Las irregularidades en las que incurrió la firma italiana en la obra a la que se canalizaron más de 400 millones de dólares son suficientes para que López Obrador cancele el contrato, consideran los pobladores consultados.  Este reportaje se publicó el 17 de febrero de 2019 en la edición 2207 de la revista Proceso.