CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un grupo de 200 académicos, científicos e investigadores, así como organizaciones, pueblos y colectivos, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador reconsiderar la consulta sobre la termoeléctrica en el Proyecto Integral Morelos, que se realizará el 23 y 24 de febrero, porque “dista de cumplir con los requisitos democráticos para considerarse válida”. En una carta dirigida al Ejecutivo, los firmantes destacan que los pueblos deben ser consultados directamente para la toma de decisiones. “Como usted sabe, México ha signado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del cual se desprende el derecho de los pueblos a la consulta, donde son ellos quienes tienen derecho a ‘decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo’”, resalta el documento. Además, precisa que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en distintas sentencias, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos indígenas, “son claras al decir que se requiere del consentimiento de los pueblos para la realización de proyectos de inversión y de desarrollo”. En todos los casos ese consentimiento debe lograrse a través de las instituciones comunitarias de los pueblos, así como de un proceso acordado con los sujetos sociales que permita la información y deliberación respetando sus formas culturales, sus lenguas y, en especial, los modos de decisión de los propios pueblos afectados, puntualiza. “Si consideramos estos mandatos que se desprenden de la ley, la consulta convocada desde la presidencia está muy lejos de responder a dichos criterios, ya que no es un proceso sino una votación, se realiza sin acuerdo alguno con los pueblos afectados y se lleva a cabo de manera precipitada, lo que implica un tiempo a todas luces insuficiente para la información y la deliberación. “Pero aún más, no cumple con los requisitos de equidad de participación, ya que usted como presidente de la República --que goza de una alta popularidad-- es quien impulsa la consulta y a la vez quien promueve ahora el funcionamiento de la termoeléctrica, sin que las voces de los pobladores tengan un espacio equivalente en los medios de comunicación para ser escuchadas. “Dicha consulta no pondera, además, entre afectados directos e indirectos, soslayando entonces a quienes tienen derecho a la consulta: los pueblos indígenas. Por ello es comprensible que muchos de esos pueblos rechacen la consulta a la que usted ha llamado, no porque sean conservadores, sino porque la consulta no cumple con la ley y sus derechos. “Pero también se entiende el rechazo y el enojo si recordamos sus propias palabras, cuando en 2014, en Yecapixtla, Morelos, dijo: ‘nosotros vamos a defender con todo lo que podamos a los pueblos, no queremos ese gasoducto, no queremos esa termoeléctrica’, siendo que hoy usted se convierte en el principal promotor del proyecto”. En ese sentido, los firmantes de la misiva hacen un llamado a López Obrador para escuchar a los pueblos opositores y reconsiderar por completo no sólo la modalidad y fecha de consulta “que se ha determinado unilateralmente”, sino la relación que desde la Presidencia se establece con ellos. Y subrayan: “El 1 de julio no sólo se votó contra una oligarquía partidaria que llevó al desastre al país, sino por una nueva relación entre gobernantes y gobernados. Esa relación parte del respeto y del reconocimiento hacia los pueblos organizados que de ninguna manera pueden ser clasificados como parte de la reacción conservadora contra el nuevo gobierno federal”. Luego de que el pasado domingo 10, frente a un nutrido grupo de pobladores de Cuautla, López Obrador se pronunció a favor de la termoeléctrica y llamó a los opositores “radicales de izquierda”, el documento enviado al Ejecutivo resalta: “La presidencia de la República debe aprender a debatir en condiciones equitativas antes que descalificar a los actores civiles, sociales, académicos, estudiantiles y defensores de los derechos humanos que apoyamos y acompañamos a los pueblos en defensa de la tierra. La resistencia y defensa del territorio por los pueblos indígenas ha existido desde mucho antes que el progresismo ganara la presidencia, es una lucha legítima por el derecho a decidir sobre sus modos de vida y que gira en torno a la protección de los bienes comunes naturales”. Agrega: “No habrá transformación política alguna sin los pueblos y comunidades indígenas, por ello se vuelve necesaria una nueva relación con el Estado mexicano que los reconozca como sujetos políticos colectivos”. Finalmente, llama a la ciudadanía a conocer, informarse y respetar a los movimientos en defensa de la tierra, que fueron y son parte de la lucha por transformar México.