CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El representante de la oficina en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, lamentó que las autoridades desecharan “a priori” el activismo del defensor Samir Flores, opositor a la operación de la termoeléctrica de Huexca, Morelos, como móvil de su asesinato. Y es que, a unas horas de que se conociera la muerte del opositor a la termoeléctrica, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, descartó que el crimen estuviera relacionado con su liderazgo. En días recientes, Samir Flores, reconocido en la región, increpó al delegado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Hugo Erik Flores, cuando acudió a la comunidad de Jonacatepec para hablar de las “bondades” del Proyecto Integral Morelos (PIM). “Las declaraciones de las autoridades encargadas de la investigación que descartan a priori la posibilidad de que estos hechos estén relacionados con la actividad de defensa del señor Flores ponen seriamente en cuestión la investigación misma”, alertó Jarab. El representante de ONU-DH puntualizó que el homicidio del activista “debe ser investigado a cabalidad, sin dejar de lado ninguna línea de investigación, de manera desprejuiciada y, por supuesto, tomando en cuenta su labor en defensa de los derechos humanos”. Advirtió que si el crimen del defensor --el séptimo en este año-- queda impune, “enviaría un terrible mensaje a la sociedad de Morelos y a todas aquellas personas que día a día alzan su voz para reclamar una sociedad más justa”. De igual manera, el representante de ONU-DH consideró que es indispensable “determinar qué factores contribuyen a generar más riesgo para defensoras, defensores y periodistas”. Por lo pronto, Jarab destacó que su oficina ha identificado que uno de los patrones de riesgo en diferentes partes del país “es el desarrollo de proyectos sin respetar el derecho de las comunidades indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, en línea directa con los estándares internacionales”, contextos que –subrayó-- “producen conflictos y situaciones violentas que causan o facilitan la comisión de agresiones en contra de quienes defienden los derechos humanos”. En un comunicado, Jarab informó que tras el homicidio de Flores, reconocido integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, miembros de la ONU-DH acudieron a Amalcingo, Morelos, junto con personal de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas. El funcionario de la Organización de las Naciones Unidas manifestó su consternación por los hechos ocurridos la madrugada de ayer, y lamentó que el homicidio tuviera “un gran impacto en su comunidad y en toda la región, y podría inhibir a muchas personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el ejercicio libre de su legítima labor”, abundó. Tras resaltar que los siete asesinatos de defensores se suman a otros 13 cometidos el año pasado, nueve de ellos indígenas, la ONU-DH recordó que las autoridades tienen responsabilidad de generar un ambiente propicio para el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión, lo que incluye “abstenerse de realizar acciones que puedan agravar situaciones de vulnerabilidad e incrementar riesgos”. El organismo hizo un llamado “a priorizar las vías del diálogo, privilegiando la búsqueda de consensos y el respeto a los derechos humanos de todas las personas, la diversidad cultural y la diferencia de posturas”, ante la evidente tensión que persiste en la zona. Por último, manifestó su solidaridad y condolencias a la familia y colegas de Samir Flores Soberanes, y urgió a las autoridades responsables “a adoptar medidas para garantizar condiciones de protección a otras personas defensoras de derechos humanos en la región y atender adecuadamente a la familia del señor Flores”.