CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo este lunes que nada impide jurídicamente a José Antonio Meade ser miembro del consejo de administración de HSBC Holdings, pero que una vez se modifique la ley, entonces sí, los ex funcionarios estarán impedidos para ejercer ese tipo de cargos. Luego de que el grupo financiero británico HSBC anunciara la integración a su consejo de administración del ex secretario de Hacienda y Crédito Público, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dijo que respeta la decisión de Meade. "Por el momento tenemos respeto por la decisión de José Antonio Meade. No vamos a hacer leña del árbol caído y deseo que le vaya bien", dijo Monreal. "Una vez que se apruebe entonces sí tendremos que lograr impedir este tipo de circunstancias, pero mientras no se apruebe la legislación, todos tenemos que observar el principio de legalidad", añadió. Meade se integrará como director no ejecutivo independiente dentro del consejo de HSBC, con sede en Londres, a partir del 1 de marzo de 2019. También formará parte del comité de gobernanza corporativa y de nombramientos. Según la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Meade puede trabajar en el sector privado en el mismo ramo de su último cargo, ya que ha pasado más de un año desde que fue titular de la SHCP con Enrique Peña Nieto, de 2016 a 2017, cuando anunció su candidatura presidencial. El anuncio se da en medio de las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador a ex presidentes que dejan las filas del gobierno para formar parte de empresas que beneficiaron o ex secretarios que terminan en empresas relacionadas con el sector estratégico en el que se desempeñaron. "Ya hemos hablado de esto, como los secretarios de Hacienda, los secretarios de Energía, los expresidentes, terminando se van de consejeros, de asesores, de las empresas particulares a las que beneficiaron o les dieron alguna atención”, reiteró hoy en su conferencia matutina. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se han presentado iniciativas que hacen eco de la protesta del presidente para extender a 10 años el periodo de prohibición para que quienes dejen cargos públicos estén impedidos para trabajar con empresas privadas del mismo sector en el que se desempeñaron.