CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones que conforman la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), urgió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a “responder de manera clara y eficaz” a los desplazados de la violencia que mantienen un plantón frente a Palacio Nacional. Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red TDT, conformada por 87 organizaciones sociales de 23 estados del país, lamentó que después de vivir diez días bajo carpas y en condiciones deplorables, más de 300 desplazados de los municipios de Zitlala y Leonardo Bravo, no han sido atendidos de manera adecuada. “Estas expresiones legítimas de la tragedia que ha vivido nuestro pueblo, son un reto claro ante el cual el gobierno federal se ha mostrado entre la duda y la indiferencia”, declaró el defensor. En un pronunciamiento, la Red TDT resaltó que desde noviembre pasado, unas mil 700 personas originarias de los municipios de la sierra y de la montaña baja de la entidad sureña, salieron huyendo de sus comunidades ante la violencia y la impunidad. Acompañados por el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, de los afectados, 300 del municipio de Leonardo Bravo y 72 de la comunidad de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, se trasladaron a la Ciudad de México en busca de respuesta del gobierno federal, ante la indiferencia del gobierno de Guerrero. “Después de tres meses de vivir en espacios deportivos acondicionados que no ofrecen ni siquiera los satisfactores mínimos para subsanar sus necesidades más básicas y ante la falta de respuesta por parte de los niveles municipal y estatal del Estado mexicano, decidieron plantarse frente a Palacio Nacional donde durante 10 días el gobierno federal no ha tenido la voluntad política de ofrecer solución clara a la evidente violación de derechos humanos”, denunció la Red TDT. La Red reconoció que el pasado 18 de febrero, el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, acompañó damnificados de la violencia a reuniones con el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas y la responsable de Atención Ciudadana Leticia Ramírez, y aunque el primero “reconoció la problemática”, hasta ahora “no se les ha dado ninguna respuesta”. Las 87 organizaciones que conforman la Red TDT destacaron que las situaciones de desplazamiento forzado “se remontan a los años recientes”, agravándose la movilidad a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, “es responsabilidad del Estado mexicano garantizar de manera integral los derechos humanos de esas comunidades en particular”, así como “ofrecer alternativas razonables que atiendan a los evidentes riesgos que enfrentan estas comunidades”. El desplazamiento forzado de las comunidades guerrerenses es otra de las secuelas de la guerra contra las drogas y de la violencia indiscriminada, situación que no ha sido reconocida oficialmente por el Estado mexicano, “por lo que no existen leyes, programas, políticas públicas o iniciativas gubernamentales para atender, proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas  ni para prevenir nuevos desplazamientos, destacó en un informe de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Sin la existencia de un diagnóstico oficial, la CMDPDH diseñó una metodología y calculó que de 2006 a 2017, unas 329 mil 917 personas habrían sido obligadas a salir de sus lugares de origen por la violencia. De acuerdo al documento Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo, las entidades más afectadas por el desplazamiento forzado son Chiapas, Sinaloa y Guerrero, seguidas por Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Michoacán y Oaxaca.