CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de Arturo Hernández Cardona, el luchador social de Iguala, Guerrero, presuntamente asesinado por el exalcalde José Luis Abarca, solicitaron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la ampliación de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2013, ante el inminente careo con el exmunícipe. A casi seis años del crimen, ocurrido el 30 de mayo de 2013, por el que Abarca fue señalado directamente por uno de los testigos presenciales, una de las hijas de Hernández Cardona, María Soledad Hernández Mena, solicitó un careo con el exalcalde, diligencia que fue admitida en octubre del año pasado. En conferencia de prensa, María Soledad solicitó medidas de protección para dos de sus hermanas (Carolina y Reyna) y para su madre, Carolina Mena Marchán, primera esposa de Hernández Cardona. Las tres mujeres no fueron consideradas en la petición de medidas cautelares ante la CIDH en 2013, ya que sólo se benefició a Soledad y a quien en ese momento era la pareja del luchador, Lorena Mendoza. Erika Zamora Pardo, integrante de la Red Solidaria Década contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC), explicó que “por una confusión la CIDH sólo otorgó medidas para la pareja sentimental de Hernández Cardona, dejando en vulnerabilidad a dos de sus hijas y a su esposa; después se hizo la aclaración, la CIDH aceptó el error y pidió al Estado mexicano que ampliara las medidas, pero hasta ahora el Estado no responde”. En una reunión reciente con integrantes de la CIDH y representantes del Estado mexicano, la presidenta del organismo, Esmeralda Arosamena, llamó a estos últimos a atender las medidas cautelares ampliadas hacia la familia de Arturo Hernández Cardona, fundador y dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guerrero. Según Zamora Pardo, en la audiencia se destacó que, a la espera de que se fije fecha para que se realice la diligencia de careo, la familia ampliada del dirigente “requiere de medidas de protección que sean eficaces, así como las investigaciones del caso”, y responsabilizó al Estado mexicano de “cualquier daño” que pueda ocurrir a la familia del luchador social. La defensora recordó que el homicidio de Hernández Cardona se perpetró antes de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y precisó que el dirigente fue desaparecido junto con otros seis activistas el 30 de mayo de 2013. “Se sospechó desde el principio de Abarca. Ante la presión, el 3 junio de 2013 aparece el cuerpo de Arturo y otros dos activistas, y más tarde los cuatro sobrevivientes reconocieron que fueron secuestrados por Abarca y Felipe Flores Velázquez, quien era su secretario de Seguridad Pública”, puntualizó Zamora Pardo. Soledad Hernández agregó que el pasado 29 de mayo compañeros de su organización formalizaron una denuncia por las amenazas recibidas del entonces alcalde; su esposa, María de los Ángeles Pineda, y Flores Velázquez, querella que estaba programada para ratificarse el 31 de mayo. “De la denuncia contra los Abarca, el exfiscal Iñaki Blanco me dijo que no tenía idea de su existencia; empezamos a ser hostigadas y después vino la desaparición de los 43 normalistas. La situación se puso más delicada, porque el domicilio de mis abuelos maternos está en Cocula, donde la ‘verdad histórica’ ubica que fue el destino de los muchachos”, sostuvo la hija del luchador. Oscar Pérez Solano, también integrante de la RSDCIAC, puntualizó que la relevancia de la ampliación de las medidas cautelares radica en que “no estamos hablando de un delito común, sino que se está tratando de un tema de delincuencia organizada, por lo que el Estado no puede dejar de proteger a la familia, y así lo reconoció la misma presidenta de la CIDH”.