MONTERREY, NL. (apro).-La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en representación del Gobierno de México, ofrecerá el próximo 19 de marzo una disculpa pública por el homicidio de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, a manos de elementos del Ejército. La ceremonia será efectuada a las 11:00 horas en el Auditorio Luis Elizondo, con motivo del noveno aniversario del doble crimen, cometido en el 2010 en el interior del campus central de la institución, ubicado al sur de esta capital. El evento es organizado por los familiares de los estudiantes asesinados y se espera que cuente con la presencia de directivos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, donde los dos jóvenes estudiaban al momento de la tragedia. También acudirán el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis González. Además de la disculpa, se espera que los asistentes efectúen una guardia de honor y la develación de una placa conmemorativa en el sitio donde ocurrieron los hechos. La madrugada del 19 de marzo del 2010, los estudiantes se habían desvelado estudiando en el interior de las instalaciones y cuando se disponían a salir a cenar, se desató en el exterior, una balacera en el cruce de las avenidas Garza Sada y Luis Elizondo. Los militares que participaron en el tiroteo consideraron que Jorge Antonio y Javier Alonso eran pistoleros que los habían atacado, y los asesinaron al interior del campus, cerca de una caseta de la entrada. Después del hecho, tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como la Procuraduría de Nuevo León difundieron versiones en las que señalaban que los dos muertos eran sicarios y que estaban armados al momento de su muerte. La investigación posterior aclaró los hechos y aunque al interior del Ejército fueron identificado los soldados que perpetraron el asesinato, no se sabe si alguno de ellos ha sido sentenciado. Desde que ocurrió la ejecución, los familiares de los jóvenes pidieron al Gobierno Federal que limpiara sus nombres, aunque en los sexenios de los presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña, la demanda fue ignorada.