CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Casi año después de que elementos de la Secretaría de Marina Armada (Semar) dispararon desde un helicóptero contra una familia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la institución aceptó seguir las recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). A través de un comunicado de prensa, la Semar se comprometió a “tomar las medidas necesarias para reparar a las víctimas” y se comprometió a abrir tres fideicomisos para los niños sobrevivientes del ataque. Los hechos ocurrieron el 26 de marzo de 2018, cuando una patrulla aérea de la Semar, en medio de una persecución contra miembros de una banda del crimen organizado, abrió fuego en contra de un vehículo en el que viajaba la familia Rojas Ruiz. En los hechos murieron dos pequeñas y su madre, y resultaron heridos el padre y su sobrina. “Para efectos de los procedimientos de responsabilidad administrativos, se notificó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Marina sobre los hechos. Por lo que respecta a las indagatorias que lleva a cabo la Fiscalía General de la República, esta institución colabora ampliamente en el desahogo de los requerimientos”, dice el comunicado 016/2019 de la Semar. El pasado 6 de marzo, la CNDH a cargo de Luis Raúl González Pérez, emitió la recomendación 4/2019, con motivo del “uso arbitrario de la fuerza letal” y de la “omisión de adoptar medidas de protección, atribuible a elementos de la Semar en Nuevo Laredo, Tamaulipas”. Entre las conclusiones del informe dirigido al secretario de Marina, el almirante José Rafael Ojeda, se encontró que además de haber disparado contra la familia, los soldados de infantería se negaron a prestar auxilio a los lesionados y no avisaron de los hechos a las autoridades pese a la “equivocación”. Incluso se confirmó que un marino bajó del helicóptero después de la agresión, como lo relató el padre de familia sobreviviente, y omitió prestar auxilio y llamar a las autoridades pese a la gravedad de los heridos. “Luego de investigar el caso, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos a la vida, integridad personal y a la seguridad jurídica en agravio de quienes viajaban en dicho automóvil, por el uso arbitrario de la fuerza letal y la omisión de brindar auxilio y adoptar medidas de protección por los elementos navales que formaban parte de la tripulación de la aeronave”, dice el documento de la CNDH. “Los disparos realizados se dirigieron hacia vehículos y personas que no representaban riesgo o peligro para el personal naval que empleó una ametralladora que tiene la capacidad de disparar tres mil proyectiles por minuto”, abundó. Por otra parte, derivado de las diligencias, no se encontró que el helicóptero tuviera cámaras de video que registraran que los infantes se ajustaron al Manual de uso de fuerza. “Es inadmisible que un artefacto bélico como lo es el Helicóptero artillado con dos ametralladoras, cuyo empleo entraña un alto nivel de letalidad, carezca de los medios necesarios para dar cumplimiento al Manual del uso de la fuerza y demás normativa aplicable, […] como podrían ser una grabadora de audio o una videocámara”, concluyó el informe público. Entre las recomendaciones, la Semar aceptó el uso de métodos de video vigilancia a sus unidades, la difusión información “veraz y confiable” sobre los operativos en los que participe, capacitación en protección a derechos humanos y la designación de un encargado para dar seguimiento a la recomendación.