CIUDAD DE MÉXICO (apro).- De los 300 centros penitenciarios que hay en el país, sólo 18 son femeniles y concentran al 40.2% de las mujeres privadas de la libertad, mientras que el 59.8% restante se distribuye en centros penitenciarios mixtos, con calificación reprobatoria de 5.98. De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los centros penitenciarios femeniles que albergan a cuatro mil 209 personas obtuvieron una calificación de 7.26, mientras que los mixtos presentaron carencias en espacios dignos y de servicios específicos para atender a las internas. Por esta razón, la CNDH reafirmó la necesidad de una prisión femenil por cada entidad federativa, que cuente con las condiciones requeridas para la atención de las niñas y niños que viven con sus madres, a fin de mejorar la situación de las mujeres en reclusión y garantizar el respeto a sus derechos fundamentales. Las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para Mujeres Delincuentes, conocidas como “Reglas de Bangkok”, fue el tema central del evento organizado por la CNDH, en el marco del Día Internacional de la Mujer. En este foro, especialistas y académicas se pronunciaron a favor de programas sobre justicia restaurativa y la posibilidad de que, conforme a los estándares internacionales, un número importante de mujeres puedan ser externadas y apoyadas en libertad. Ruth Villanueva Castilleja, tercera visitadora general de la CNDH, quien encabezó el encuentro, señaló que las mujeres internas en centros penitenciarios conforman uno de los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad, por lo que es de suma importancia visibilizar su situación, así como su proceso de liberación. Asimismo, destacó la necesidad de contar con la colaboración de autoridades, organismos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, de la academia y de la población en general, para contribuir a eliminar el estigma que se presenta ante las mujeres privadas de la libertad, conociendo vivencias de mujeres que han estado en reclusión y de los obstáculos que enfrentan al salir. Expresó que de esta situación se derivan las “Reglas de Bangkok”, por lo que la CNDH también ha emitido diversos documentos como Recomendaciones Generales y particulares, Informes Especiales, Documentales y Diagnósticos Nacionales de Supervisión Penitenciaria. Además, el evento contó con la presencia de mujeres que han transitado por la prisión, quienes narraron sus testimonios;  así como con la participación de especialistas y académicas en la mesa, quienes coincidieron en afirmar que los centros penitenciarios son el espejo más claro de la sociedad en general. Entre ellas, María Guadalupe Hernández Guzmán, fundadora del Centro de Rehabilitación en Atención Infantil y Adolescencia (CRAIA, A.C.), y Alma Yelli Angulo Orozco, creadora del programa “Libertad en Movimiento”, quienes contaron sus vivencias y coincidieron en señalar que las mujeres que han estado en prisión sufren muchas veces depresión, discriminación y aislamiento por amigos y por la sociedad en general, y al obtener su libertad difícilmente pueden acceder a un trabajo. Por su parte, Patricia Olamendi, consultora internacional de ONU-Mujeres, señaló que las mujeres en reclusión conforman una población excluida y en condiciones de gran vulnerabilidad, puesto que en muchos casos, no se cumple con los criterios contenidos en los instrumentos internacionales, a lo que se suma la ausencia de perspectiva de género en el trabajo de fiscales y jueces. Agregó que se deben unir fuerzas para participar intensamente en la búsqueda del acceso a la justicia para todas las mujeres, por lo cual ya se encuentran trabajando en un Modelo para la Reinserción Social de las Mujeres Privadas de Libertad, que se apegue a lo establecido por las leyes. A su vez, Adriana Aguilar Arias, de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), invitó a sumarse a la tarea de realización de diagnósticos sobre la materia, con motivo de la presentación de resultados de un estudio realizado en diversos centros de reclusión. Y Karla Villarreal Sotelo, jefa de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, indicó que ante la situación de espacios alterados por la violencia, la academia está llamada a sumarse como un elemento fundamental para optimizar al sistema penitenciario con propuestas que permitan lograr la reinserción social y que puedan cristalizarse objetivamente.