MONTERREY, N.L. (apro).- Nueve años después, el gobierno federal reconoció por vez primera que los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, asesinados el 19 de marzo del 2010, eran alumnos y no pistoleros, como en su momento los tildó el Ejército. En un desplegado difundido en distintos medios de comunicación, las autoridades federales dejan constancia de ello: “¡¡Eran estudiantes de excelencia del tecnológico de Monterrey, no sicarios!!”, dice la inserción en referencia a los jóvenes Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, acribillados por soldados en el interior del campus central de la institución. La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav), dio a conocer este viernes que “en cumplimiento al derecho a la verdad y la justicia se ofrecerá una disculpa pública a las familias de las víctimas”, por el homicidio de Jorge y Javier, “reivindicando públicamente su nombre”, al reconocer que eran estudiantes, no delincuentes. En el desplegado se informa, además, que la ceremonia en la que se limpiarán los nombres de los fallecidos será efectuada el próximo martes 19 de marzo, en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus principal, ubicado al sur de esta capital. La ceremonia está programada a las 11:00 horas en el Auditorio Luis Elizondo. Se espera que en ella participen la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez; el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas; y Luis Raúl González, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Habrá ese día una guardia de honor y la develación de una placa conmemorativa del hecho. Jorge Antonio y Javier Francisco eran amigos y estudiantes de maestría en el Tec de Monterrey. La madrugada en que ocurrieron los hechos, se desvelaron estudiando en la biblioteca y cuando salieron a cenar, frente a la puerta de la calle Luis Elizondo y la avenida Eugenio Garza Sada, se desató un tiroteo entre pistoleros y militares. Los jóvenes regresaron y dentro del campus, frente a la caseta de vigilancia, fueron abatidos a tiros por militares. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría de Justicia de Nuevo León señalaron que los muertos eran sicarios aunque, posteriormente, tuvieron que aclarar su verdadera identidad. Pese a ello, en los pasados dos sexenios, el gobierno federal se negó a limpiar los nombres de los jóvenes, pese a la insistente solicitud de sus familiares.