CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La determinación de un juez federal de liberar a 21 personas relacionadas con la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, al no encontrar elementos para ser juzgadas por delincuencia organizada generó reacción entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como de la representación de los padres de las víctimas, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el gobierno de Veracruz. A unos días de que el Estado mexicano asumiera la responsabilidad en los agravios contra los jóvenes y sus familias a través de una disculpa pública, la CNDH y la CEAV, en un comunicado conjunto, urgieron a la Fiscalía General de la República (FGR) a “interponer los recursos legales correspondientes para combatir la sentencia judicial” del 8 de marzo pasado que exonera a las 21 personas, entre ellas ocho servidores públicos del gobierno de Javier Duarte. Los organismos expresaron su preocupación de que en casos tan graves, las autoridades ministeriales no hayan “aportado los elementos suficientes de convicción para establecer la responsabilidad de las personas del servicio público imputadas, lo que podría traducirse en violación al derecho a la verdad en agravio de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad”. Ambos organismos lamentaron que en casos tan sensibles, se mantenga la impunidad y “se ponga en entre dicho la justicia mexicana”. Al recordar que los 21 detenidos enfrentan también un proceso por desaparición forzada ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, la CEAV y la CNDH exhortaron a la Fiscalía General de esa entidad, “a realizar las diligencias necesarias para que dichos procesos se mantengan de manera sólida y se asegure que las investigaciones cuenten con elementos de prueba idóneos para obtener las condenas respectivas”. La CNDH resaltó que el caso litigado por la FGR y sometido al sistema penal acusatorio, ameritaba “la participación de personal ministerial debidamente capacitado y capaz de fundar y motivar ante un juez sus demandas contra las personas imputadas de delito”, respaldadas en resultados de investigaciones “profesionales y científicas”, abordando todas las líneas de investigación sin generar vacíos legales que permitieran a los probables a recuperar su libertad. El caso de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca el 11 de enero de 2016, pone en evidencia la urgencia de implementar “políticas públicas dirigidas a incrementar la autonomía, la profesionalización, la capacitación y supervisión de las autoridades ministeriales, dotándoles de protocolos y recursos necesarios para el desarrollo de su labor, así como a la conformación de servicios periciales robustos e independientes”. Ambos organismos, responsables de la emisión de la recomendación por violaciones graves a los derechos humanos 5VG/2017, de la CNDH, y del dictamen de reparación integral, elaborado por la CEAV, alertaron en que permanecerán pendientes de las acciones tomadas para garantizar la justicia en este caso. En tanto, el Centro Prodh se sumó a la exigencia de que la FGR asegure “que la colusión entre elementos del crimen organizado y autoridades estatales para la comisión de conductas delictivas respecto a delincuencia organizada en el caso Tierra Blanca no quede en la impunidad”. En un posicionamiento acompañado por también por la CEAV y el gobierno de Veracruz, la representación de las víctimas también exigió a la Fiscalía del estado, que en los procesos que se siguen el ámbito local, “se coordine con la FGR y se asegure que las investigaciones cuenten con elementos de prueba idóneos para asegurar las condenas respectivas, evitando llegar a un escenario como el que ocurre actualmente respecto a los procesos federales”. Al señalar que el gobierno de Veracruz respaldó las acciones legales interpuestas por la FGR para combatir la resolución del juez, los defensores de las víctimas consideraron importante “que se mantengan abiertas las investigaciones relacionadas con el delito de delincuencia organizada, realizando nuevas acusaciones que corrijan las deficiencias actuales y asegurándose de obtener pruebas idóneas para acreditar la responsabilidad de las personas detenidas por el delito de delincuencia organizada, de lo contrario se abonaría a la impunidad en este lamentable caso”.