CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó que, durante diez años, autoridades de los tres niveles de gobierno no hayan atendido las recomendaciones que el organismo formuló para combatir y prevenir el secuestro de migrantes, de manera que “la actuación de las autoridades no corresponde a la gravedad de frecuencia del delito que se ha incrementado como resultado, entre otros factores, de la impunidad”. En el contexto de la desaparición de los 22 migrantes en el estado de Tamaulipas, el pasado 13 de marzo, el organismo dio cuenta de los dos informes y dos recomendaciones, una de ellas por violaciones graves a los derechos humanos, a través de los cuales ha documentado la vulnerabilidad en que se encuentra ese grupo de población.

“Desde 2009, la Comisión Nacional ha denunciado públicamente los casos de personas que son víctimas de delitos en su tránsito por territorio nacional, y desde entonces solicitó a las autoridades de los tres niveles de gobierno la adopción de medidas de investigación, protección y prevención para atender dicho problema, así como la conformación de políticas públicas que garanticen la no repetición de tales sucesos, en beneficio de la protección de los derechos humanos de este grupo en situación de vulnerabilidad”, puntualizó el organismo en un pronunciamiento.

Destacó que, durante las visitas de su personal realizadas a las estaciones migratorias, albergues y casas de migrantes, ha detectado “la incidencia de narraciones de secuestro y la insuficiente actuación de las autoridades migratorias, de las encargadas de la seguridad pública y de la persecución de los delitos”. La CNDH alertó que las agresiones persistentes contra los migrantes, como lo demuestran los recientes hechos en Tamaulipas, afectan “no sólo a las personas extranjeras en el contexto de movilidad, sino a toda la comunidad en su conjunto, por la inseguridad en esa y otras zonas y los riesgos que al transitar por ahí se presentan, afectando el Estado de Derecho y el ejercicio pleno de los derechos humanos”. El organismo recordó que junio de 2009, en el Informe Especial Sobre los Casos de Secuestro en Contra de Migrantes, calculó que, entre septiembre de 2008 y febrero de 2009, “las 9 mil 758 víctimas secuestradas generaron ganancias aproximadas a los 25 millones de dólares”, de ahí que propusiera medidas al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y al Instituto Nacional de Migración (INM). Dos años después, en el Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México, el organismo documentó que en 2010 la cifra de víctimas de secuestro fue de 11 mil 333 víctimas en seis meses, de abril a septiembre de 2010, “registradas en 214 eventos de secuestro masivo, destacando como focos rojos los estados de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas”. La prueba de que “las autoridades no implementaron acciones eficaces para combatir y prevenir las causas del delito” se reflejaron en agosto de 2010, cuando fueron encontrados 72 cuerpos sin vida de personas migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, hechos que derivaron en la recomendación 80/2013, dirigida a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y al gobierno del estado de Tamaulipas.

En ese entonces, destacó, “para garantizar la no repetición de esos hechos se propuso la coordinación entre autoridades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública para recabar información respecto de la comisión y combate de la privación ilegal de la libertad de personas migrantes, con el fin de generar un diagnóstico útil para el diseño de políticas públicas de prevención, investigación y persecución de ese delito, e intensificar la vigilancia en las rugas de tránsito de migración en el país, particularmente en las zonas identificadas como de alto riesgo”.

Cuatro años después, el organismo emitió la Recomendación 8VG/2017, por el caso de 49 personas localizadas sin vida en Cadereyta, Nuevo León, dirigida también a la PGR y a los gobiernos de Tamaulipas y Nuevo León, en la que “se reiteró la necesidad de realizar un diagnóstico sobre las rutas de tránsito de migración en el país, particularmente en las zonas identificadas como de alto riesgo para la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en perjuicio de personas migrantes, con la finalidad d que se intensificaran acciones de vigilancia y evitar casos similares”. Al exhortar a dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas desde hace diez años, la CNDH advirtió que estará atenta a las investigaciones sobre la desaparición de los 22 migrantes en Tamaulipas, para observar que “que las autoridades de los tres niveles de gobierno, encargadas de las acciones de búsqueda y localización, tengan como prioridad el hallazgo con vida y en pleno respeto a los derechos humanos de esas personas”.