CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (Comité CED) para analizar casos individuales, y aceptar la visita al país de los integrantes de dicho comité, como se ha solicitado desde 2013. La oficina, representada por Jan Jarab, también llamó a “favorecer la construcción de un sistema nacional de búsqueda genuino” y acabar con “la impunidad crónica” en la que se encuentran las 40 mil desapariciones en México. A pocas horas de que López Obrador y miembros de su gabinete anunciaran la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), la ONU-DH celebró que el propio mandatario reconociera públicamente “la gravedad de las desapariciones en el país, dejttando atrás los intentos de administraciones pasadas de negar o minimizar el problema”. En un comunicado la representación de la ONU-DH en México consideró que para “fortalecer” las relaciones con los organismos internacionales especializados, será importante que el Estado mexicano acepte “la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para conocer de comunicaciones individuales, mediante la concreción de la visita oficial solicitada desde el año 2013”. De igual manera, recordó que “la búsqueda efectiva y la localización de las personas desaparecidas constituyen la principal demanda de las familias y una obligación primaria y apremiante del Estado mexicano”. Ante compromisos formulados ayer ante decenas de familiares de desaparecidos que acudieron a testificar la reinstalación del SNB, la representación diplomática pidió a las autoridades locales “que adopten un serio compromiso en el ámbito de sus competencias para favorecer la construcción” de dicho sistema y para que sea “genuino, vigoroso e integral”. En la ceremonia de reinstalación del SBN se advirtió que 19 entidades no han sentado las bases para la creación de comisiones locales de búsqueda. Se trata de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Asimismo, se consideró fundamental que “las autoridades encargadas de la procuración de justicia a nivel federal y estatal tomen las medidas necesarias para poner fin a la impunidad crónica ante tan desgarrador crimen”. A diferencia de las administraciones anteriores, la ONU-DH celebró que en esta ocasión, al reconocer la responsabilidad del Estado, las autoridades federales, de manera particular el presidente, “hayan comprometido la asignación de los recursos necesarios para esta tarea, hayan enfatizado la necesidad de investigar de manera exhaustiva e imparcial totos los casos de desaparición, hayan reivindicado la lucha familiar y hayan asumido el desafío que implica la crisis del sistema forense”. Para el responsable de la ONU-DH, Jan Jarab, “el avance que implicó la adopción en materia del SNB y los compromisos expresado por las nuevas autoridades federales podría constituir un nuevo comienzo que ponga fin al suplicio de decenas de miles de personas”. Sobre el compromiso de mantener a las familias informadas de los pasos que tome el SNB, Jarab puntualizó que para la oficina las familias de las personas desaparecidas “son una fuente de esperanza que debe ser incluida de manera efectiva en la definición de todas las políticas públicas destinadas a combatir y erradicar las desapariciones”. La oficina de la ONU-DH puntualizó su disposición de dar asistencia técnica al Estado mexicano para ir “fortaleciendo sus capacidades en materia de búsqueda, así como en otras apremiantes tareas en el contexto del combate a la impunidad y atención a las víctimas”.