CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante el año en el que estuvo al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán mintió para no revelar que la dependencia a su cargo había adquirido licencias que le permitían operar el software espía Pegasus, con el que el gobierno de Enrique Peña Nieto intervino las comunicaciones de periodistas y activistas. De acuerdo con Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales (INAI), recientemente la dependencia a su cargo se descubrió que la PGR había adquirido licencias para este software en 2015 y 2016 por 230 millones de pesos, y ello “a pesar de que lo había negado el encargado de despacho de la PGR”. En su presentación para el arranque del foro “Vigilancia de Estado: hacia la implementación de controles democráticos”, Acuña subrayó que el INAI encontró “muchas inconsistencias” en la manera con la que la PGR utilizó Pegasus durante el sexenio de Peña Nieto. A lo largo de la gestión interina de Elías Beltrán en la PGR –ocupó de facto la función de procurador entre octubre de 2017 y diciembre de 2018--, la dependencia simuló algunas de las investigaciones de gran calado, como el uso ilegal de Pegasus o los pagos de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, presuntamente a Emilio Lozoya Austin. Tras la revelación del escándalo conocido como #GobiernoEspía, el INAI lanzó una investigación de oficio, paralela a la de la PGR. El organismo se limitó en indagar sobre las violaciones a los datos personales que constituía el uso ilegal de este software, desarrollado por la empresa de origen israelí NSO Group. El INAI entregó hace poco tiempo sus resultados a la ahora Fiscalía General de la República (FGR) e interpuso una denuncia para que la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero continúe las indagaciones. La revelación de #GobiernoEspía rompió de manera definitiva la confianza que las organizaciones de la sociedad civil tenían en el gobierno de Peña Nieto: en mayo de 2017, abandonaron la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), una instancia de diálogo permanente entre gobierno y sociedad civil para elaborar políticas públicas. Exigieron que no regresarían en la iniciativa hasta que el gobierno esclarezca el uso ilegal que había hecho de Pegasus y de otros programas de espionaje; sin embargo, en los últimos dos años, documentaron los nulos avances y la ausencia de voluntad en la PGR para resolver el caso, que en lugar de investigar, hasta posiblemente destruyó evidencias, como lo denunció la Red para la Defensa de los Derechos Digitales (R3D). El pasado 5 de marzo, las organizaciones acordaron con el INAI y la Secretaría de la Función Pública (SFP) revivir la AGA, bajo la condición de que el nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador conforme un comité coordinador para atender la problemática de la vigilancia ilegal en el país. Durante el foro de hoy, Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, refrendó que el gobierno actual es “100 por ciento transparente” y está “terminando con la simulación”.