CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Gerardo Sosa Castelán, presidente del Patronato de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), rechazó que la institución incurra en lavado de dinero o en actividades con recursos de procedencia ilícita, como lo señaló la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el pasado 26 de febrero mediante un comunicado. Acompañado por los diputados de Hidalgo, --todos obtuvieron la curul bajo las siglas de Morena--, el también exrector de dicha universidad aclaró que son 151 millones de dólares los que tienen, no los 156 a los que hace referencia la UIF, los cuales están justificados y es dinero de pensionados, asalariados y demás recursos de la institución. “Los recursos, sí los tenemos, son de la universidad, son más de tres mil millones de pesos, no son 156 millones de dólares, no, son 151, para que no generemos más expectativa”, apuntó Castelán. Reveló también que la universidad interpuso un amparo para desbloquear sus cuentas bancarias. No obstante, ayer un juez federal rechazó descongelar dichas cuentas. Lidia García Anaya, diputada por Morena y quien acompañó a Sosa Castelar en la conferencia de prensa, demandó a la UIF que haga públicos los documentos que acrediten sus imputaciones contra la universidad. “Emitió un comunicado y luego dio el nombre de la universidad sin presentar una documentación o investigación. Para esto se requiere confiabilidad, son asuntos de carácter reservado”, dijo la legisladora. En tanto, Sosa Castelar sostuvo que “la universidad rechaza categóricamente las imputaciones sobre gestiones u operaciones ilícitas sobre presunto lavado de dinero”. Aclaró que el dinero de la universidad fue puesto en fondos de inversión y seguros rentables a través de bancos nacionales e internacionales “a fin de obtener mejores rendimientos y cumplir con el pago de jubilaciones, investigaciones académicas, inversiones en infraestructura y salvaguardar e incrementar su patrimonio”. Todo, insistió, está en legalidad. Detalló que el dinero fue puesto inicialmente en “la banca de segundo piso de Credit Suisse”, banco en Suiza, y luego trasladadas a cuentas de HSBC “por considerar que estos ofrecían mejores rendimientos. Esa transferencia se hizo con legalidad y transparencia. El patronato puede justificar el origen de los fondos y el detalle de su procedencia”. Sosa Castelán también aclaró que los recursos depositados en Credit Suisse son producto de fondos de los trabajadores que viene acumulándose desde hace más de 30 años y que actualmente la universidad tiene 10 cuentas bancarias en diversas instituciones de crédito, aunque solo se congelaron las de HSBC. Recodó que el pasado 26 de febrero tuvieron conocimiento del bloqueo algunas cuentas de HSBC “mediante correo electrónico”, sin embargo, dice, hasta la fecha la universidad no ha sido notificada de procedimiento en su contra por lo que desconocemos quién pudo emitir la orden verbal o escrita. Ese mismo día, la UIF informó que “el pasado 22 de febrero, la UIF recibió un reporte proveniente del sistema financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal. El sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido, entre otros”. “Dentro de los movimientos más relevantes, se detectó que el centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de cuentas bancarias ubicadas en Suiza”, se indica en el comunicado de la UIF. En respuesta, la universidad, dijo Sosa Castelán, promovió un amparo indirecto contra el bloqueo, aseguramiento y/o congelamiento de las cuentas bancarias, pero le fue negado en primera instancia. “El 5 de marzo, el Juzgado Segundo de Distrito con sede en Hidalgo, “al no existir prevención, emitió acuerdo admisorio mediante el cual negó de manera provisional la suspensión y programó audiencias incidentales y constitucionales”. Dijo que los recursos, aunque congelados, no dejan de ganar intereses “y en el momento en que el juez resuelva la universidad tendrá de nueva cuenta sus recursos”. “Los recursos tienen que regresar a la universidad porque son legítimos. Estamos esperando que la UIF aclare este asunto, en tanto, no tendremos certidumbre. Y no solo se debe acusar, sino que se debe probar, pero como ellos empezaron a dar información es que yo vengo a precisarla”. Detalló que de los 151 millones de dólares --unos 3 mil millones de pesos--, el 50% es para las jubilaciones de los maestros, para administrativos y los más de 5 mil maestros. El otro 50% es un fondo de mantenimiento e infraestructura. Por ejemplo, hoy estamos construyendo la torre de posgrado con 18 niveles y tendrá un costo de mil millones de pesos. El bloqueo de las cuentas de la Universidad Autónoma de Hidalgo no tiene nada que ver con la ya conocida estafa maestra, aseguró.