CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gobernación (Segob) analiza los expedientes de más de 500 presos de conciencia con la finalidad de buscar su liberación, informó el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas. Tras reivindicar la inocencia de seis indígenas de San Pedro Tlanixco, comunidad perteneciente al municipio de Tenango del Valle, quienes fueron liberados en febrero pasado a instancias de la Segob, Encinas Rodríguez detalló que en lo que va de la administración de López Obrador han sido puestos en libertad 25 activistas. Encinas refirió que Dominga González Martínez, Teófilo Pérez González, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles, Marco Antonio Pérez González y Lorenzo Sánchez Berriozábal, quienes fueron encarcelados entre 12 y 16 años por un crimen que no cometieron, fueron “víctimas de abuso de autoridad por oponerse al despojo del agua y las tierras, que les fueron arrebatados en actos de corrupción y complicidad”. Al señalar que la criminalización de los seis activistas de Tlanixco es “un referente de los abusos” contra defensores, Encinas dio que desde la subsecretaría de Gobierno estarán “atentos a casos similares”. Por el momento, dijo la dependencia a su cargo está revisando 538 expedientes, 479 de hombres y 59 de mujeres, “presos políticos en todo el país” que han solicitado a la Subsecretaría mediar ante los gobiernos de las entidades, pues pesan sobre ellos cargos del fuero común, para que sean liberados Detalló que de los más de 500 expedientes, 140 corresponden a defensores de Guerrero; 71 a Puebla; 65 al Estado de México; 52 a la Ciudad de México y 51 a Oaxaca, “son presos de conciencia que han sido objeto de abuso de autoridad”. Sobre el caso específico de los seis defensores del agua en Tlanixco, Encinas Rodríguez reconoció que haber estado en prisión por un delito que no cometieron “es una injusticia que difícilmente se podrá reparar”. Al reconocer que en su liberación intervino el gobierno del Estado de México, Encinas puntualizó que “se violaron gravemente sus derechos humanos, no sólo en contra de ellos y sus familias, sino toda una comunidad que se opuso al despojo de un recurso fundamental para el desarrollo de su actividad productiva que es el agua”. Agregó que la comunidad también ha luchado en contra del “despojo de su tierra que en actos de corrupción y complicidad de la autoridad y de particulares que menospreciando la vida de la comunidad, quisieron despojarlos de sus bienes y tierras”. Encinas sostuvo que “hay tareas que continúan” para que los activistas puedan reintegrarse a la vida, con sus familias y la comunidad. Destacó que continuará el apoyo de la dependencia para que una vez liberados puedan retomar su vida, para que el caso “no quede impune” y que se pueda reparar el daño, para lo cual se acudirá a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). “Si queremos pacificar al país, si queremos una reconciliación entre los mexicanos, si queremos que haya justicia que permita el desarrollo y bienestar de la población tenemos que ir cerrando expedientes con actos de justicia y reivindicación, para que los mexicanos volvamos a vivir en paz y que se tenga un gobierno que esté de lado de la gente que trabaja, que quiere salir adelante y no buscando hacer negocios a costa de las comunidades, de sus  riquezas naturales que con tanto esfuerzo han conservado”, puntualizó Encinas. Los seis indígenas del ejido de San Pedro Tlanixco formaban parte de la Comisión para la Defensa del Agua, luego de que durante el gobierno de Vicente Fox el pueblo se confrontó con la comunidad de Villa Guerrero, por las concesiones de dos manantiales. El primero de abril de 2003, en medio del conflicto, miembros de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero (Asflorvi), con quienes San Pedro Tlanixco mantienen el conflicto, acudieron a la comunidad y uno de ellos, Alejandro Isaak Basso, murió al caer en un barranco, fallecimiento por el que fueron acusados los seis indígenas y sentenciados a 50 años de prisión. En el evento, en nombre de sus compañeros Dominga González Martínez, Teófilo Pérez González y Pedro Sánchez Berriozábal, agradecieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador su liberación y pidieron a Encinas Rodríguez protección del Estado mexicano y que se libere a más personas presas injustamente. Dominga pidió velar porque “no haya represalias para el pueblo”, y que el gobierno federal “siga apoyando a más presos”, que están en la cárcel “por ser pobres y no tener para pagar abogados”. Pedro Sánchez reivindicó el papel de los seis indígenas, al señalar que no son “delincuentes, sino defensores de los recursos naturales”, que fueron injustamente acusados. Sánchez llamó a las autoridades del Estado de México a investigar cabalmente la muerte de Issak Basso, porque al ponerse “en los zapatos de la parte ofendida”, resulta injusto que no se haya esclarecido el deceso, pero también lo es que ellos pagaran por un delito que no cometieron. “No fallamos nosotros, no fallaron los licenciados, sino el Poder Judicial del Estado de México junto con el Ejecutivo y legislativo”, resaltó Sánchez Berriozábal. Teófilo Pérez González recordó que durante el tiempo en que estuvo en prisión, pudieron identificar varios casos de personas que están en prisión de manera injusta, por lo que pidió investigar otros casos similares a los suyos. Pérez González destacó que a partir de su detención “no sólo nosotros estuvimos en la cárcel de Almoloya de Juárez, sino todos nuestros familiares que buscaron la forma de que no nos sintiéramos tan mal en prisión”. Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, organización que defendió a los seis indígenas, sostuvo que para la reparación del daño de las seis personas, se implementará “una plataforma con las dependencias involucradas, gobierno del estado, gobierno federal, instituciones internacionales, en donde buscaremos una reflexión conjunta para la aplicación concreta de las reparaciones”. Lara explicó que lo que se pretende es no sólo buscar reparación para las personas directamente afectadas, sino para toda la comunidad de San Pedro Tlanixco, porque se trató de una “política represiva contra toda una comunidad”. El defensor destacó que el despojo de agua y el conflicto con Asflorvi continúa, pues se trata de una empresa con capital español e italiano, que siembra cada año 10 mil hectáreas de flores, con ganancias anuales de mil 800 millones de pesos. “El despojo está en el agua, para sembrar 10 mil hectáreas necesitan cantidades descomunales de agua, y es eso lo que le roban a la población de San Pedro Tlanixco, ese es el frente que todavía sigue abierto”, concluyó.