CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Red por los Derechos de la Infancia (Redim) celebró la decisión del Poder Judicial de la Federación de librar órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Puebla Mario Marín; el empresario Kamel Nacif Borge; el exdirector del desaparecido grupo de Mandamientos Judiciales en la entidad, Juan Sánchez Moreno, y el exsubsecretario de Seguridad Pública Adolfo Karam Beltrán. Los cuatro fueron acusados de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, hace 13 años. Luego de conocerse que el pasado jueves 11 la magistrada Elena Suárez Préstamo, titular del Primer Tribunal Unitario del estado de Quintana Roo, ordenó al Ministerio Público Federal iniciar la búsqueda y detención de los implicados, y al juez de Distrito que cumpla con la resolución, la Redim reconoció el hecho como un avance en la búsqueda de justicia para la periodista. El 10 de enero pasado, el Estado mexicano reconoció públicamente su responsabilidad en las violaciones a derechos humanos cometidos contra Lydia Cacho, por lo que la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública a la autora de “Memorias de una infamia”. En un comunicado, la Redim recordó que el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la ONU consideró que el gobierno mexicano violó los derechos “de libertad de expresión, integridad personal, libertad y seguridad personales y de acceso a la justicia” de la periodista, por lo que ordenó al Estado “garantizar la justicia, verdad y reparación”. Y tras señalar que la resolución del CDH es la primera sobre violencia por parte de autoridades contra una mujer periodista, hizo un reconocimiento al trabajo de Lydia Cacho, quien –subrayó-- ha revelado a un “Estado sumido en la impunidad y la corrupción, en el cual miles de niños y niñas siguen siendo víctimas”, lo que provocó que “ella se volviera una sobreviviente de la persecución y violencia del Estado”. La red de organizaciones defensoras de la infancia llamó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General de la República y a los gobiernos de los estados de Puebla y Quintana Roo, a reparar íntegramente el daño a Lydia Cacho, incluyendo todos los acuerdos con el CDH de la ONU. La Redim ha recabado hasta ahora 15 mil firmas para que las autoridades federales y estatales publiquen en medios de mayor circulación nacional el extracto de la resolución del CDH sobre el caso de la periodista. También pidió proteger la vida de Cacho; reparar el daño integral acordado por las partes, considerando una disculpa pública tanto del gobierno federal como de los estados de Quintana Roo y Puebla; dar acceso pleno a la indagatoria a Cacho y a sus representantes legales; promover la derogación de los tipos penales que criminalizan a periodistas, y detener a todos los implicados en el caso. “Las redes de trata de niñas, niñas y mujeres en México pertenecen a la delincuencia organizada y están relacionadas con políticos y empresarios”, por lo que “el perdón político es inaceptable”, remató.