Denuncian a Farmacias del Ahorro por la tala ilegal de más de mil árboles

martes, 2 de abril de 2019
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el apoyo de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), los organizaciones civiles Los Supercívicos y Tojil denunciaron a Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, S.A. P. I. de C. V. y empresas afiliadas o subsidiarias (Farmacias del Ahorro) ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (FEDAPUR) por la tala ilegal de mil 804 árboles en al menos 407 sucursales. Tras una serie de denuncias ciudadanas realizadas a través de la aplicación “Supercívicos - Reporteros Ciudadanos”, Arturo Hernández miembro de Los Supercívicos buscó a la organización MCCI para iniciar una investigación por este fenómeno en la que encontraron que la farmacéutica denunciada carecía de los permisos para derribar los árboles donde estableció sus sucursales. Además, la cantidad de estos casos, que ascienden a mil 804 árboles talados en al menos 407 sucursales, señalaba la existencia de una práctica sistemática como parte de la política de expansión de la empresa, que incluía actos de corrupción, apuntó Estefanía Medina de Tojil, organización dedicada al litigio penal estratégico. Tan sólo en la Ciudad de México, de los 103 árboles talados para la instalación o ampliación de 32 de sus sucursales en las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Tlalpan, las autoridades sólo habían otorgado un permiso para tala, uno para trasplante y tres más para poda. En conferencia de prensa en Casa Lamm, Arturo Hernández destacó que la primera parte de la investigación consistió en contrastar las imágenes de antes y después en la ubicación de las farmacias mediante la plataforma Google Maps que contiene imágenes disponibles desde 2014 y con la que se obtuvo evidencia de la tala ilegal en 407 sucursales de todo el país. Los estados más afectados por este fenómeno son: Jalisco, con 252 árboles talados en 53 sucursales; Veracruz, con 200 en 36 establecimientos; Estado de México, con 132 en 41; Yucatán, con 142 en 17; y Guanajuato con 121 árboles en 23 farmacias. Hernández también denunció que durante su expansión comercial la cadena desapareció la guarnición de las banquetas y al menos 40 paradas de transporte público en el país, lo cual, afirmó, pone en mayor riesgo la seguridad de los peatones al transitar por estos lugares. Gerardo Carrasco, director de litigio estratégico de MCCI, expresó que la denuncia interpuesta es por la presunta comisión de delitos contra el medio ambiente, corrupción y omisión de las autoridades competentes que no se percataron de la tala de árboles o simplemente se hicieron de la vista gorda. Sobre la demanda, Estefanía Medina de Tojil, explicó que se efectuó ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) debido a que quienes la presentan fungen como víctimas directas por delitos contra el medio ambiente, cuya sentencia podría alcanzar hasta cinco años de prisión para personas físicas y cinco de suspensión en las actividades para la empresa. El objetivo, señaló, es que las autoridades reconozcan a los ciudadanos como víctimas, que se abra una investigación al respecto y que el caso sirva para sentar jurisprudencia a fin de sancionar a las empresas relacionadas con actos de corrupción. Aseguró que lo más importante es empoderar a la ciudadanía y fomentar la denuncia. Las organizaciones señalaron que en la investigación no se señaló de manera específica a ningún funcionario público y advirtieron que será responsabilidad de la PGJ-CDMX dar con los responsables de este fenómeno. Finalmente, advirtieron que otra cadena farmacéutica, así como varias inmobiliarias están reproduciendo el mismo modus operandi por lo que instaron a las autoridades a cumplir con su función y tomar cartas en el asunto, por lo que esperan que la investigación tarde aproximadamente un año, y no descartan la posibilidad de emprender acciones legales en otros estados de la república contra las empresas señaladas por estos delitos.  

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