CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La contratación de guardias de seguridad privada, con empresas relacionadas con políticos para cuidar instalaciones federales, fue anticipada hoy como el próximo escándalo de corrupción que revelará el gobierno federal. Se trata de al menos 50 mil policías privados destinados a edificios públicos, cuyo impacto presupuestal y conflictos de intereses se están revisando. El comentario ocurrió durante la conferencia de prensa matutina del mandatario, al responder un planteamiento sobre los gobiernos anteriores que dijo ya no querer abordar, aunque expuso que la política neoliberal fue sinónimo de pillaje y corrupción. Desde 2011, el semanario Proceso dio cuenta del crecimiento de una empresa de seguridad, particularmente en el Estado de México durante el sexenio de Enrique Peña Nieto que, con su arribo a la Presidencia de la República se extendió por todo el gobierno federal. Se trata del Cuerpo de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem), cuya contratación a lo largo del sexenio pasado implicó no sólo millones de gasto, sino control de bases de datos de ciudadanos pues en su sistema captaban imagen e identificaciones oficiales de cada visitante a oficinas de gobierno. Sin controles claros, ni operación transparente a pesar de ser una entidad dependiente del gobierno del Estado de México, los elementos del Cusaem se han visto implicados en delitos de alto impacto y diferentes polémicas. En su edición 2009, apenas a mitad del sexenio peñanietista, Proceso dio a conocer que el Cusaem ya vigilaba, además de oficinas públicas, algunas instalaciones estratégicas, sin pagar impuestos, en un limbo legal y a través de diferentes razones sociales, que jamás se regularizó, funcionando como un ejército privado de la elite mexiquense. El análisis anunciado por el presidente López Obrador incluirá, según dijo, a varias empresas de seguridad que están vinculadas a políticos, aunque por lo pronto, no dio a conocer cuáles son las empresas ni la adscripción de los políticos implicados.