CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La impunidad sostenida en un sistema de procuración y administración de justicia dispuesto para proteger a perpetradores es uno de los factores que alimentan la tortura en México, consideraron decenas de organizaciones civiles en el Informe Sombra, presentado a expertos del Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El “Informe Alternativo de las Organizaciones de la Sociedad Civil de México” forma parte de una serie de documentos entregados al CAT con motivo de la revisión del cumplimiento de las obligaciones internacionales de nuestro país en materia de prevención, prohibición y sanción de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en el contexto del 66º periodo de sesiones en la sede del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza. El documento, coordinado por la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), reúne información de al menos 125 organizaciones de la sociedad civil, a su vez agrupadas en Espacio OSC, Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura, así como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT). En 100 páginas, las organizaciones detallan cifras oficiales y casos concretos, y coinciden que “sigue vigente” la conclusión del relator especial de la ONU, Juan Méndez, en el sentido de que la tortura en México es “generalizada”. Dicha conclusión fue “refrendada tres años después en su informe de seguimiento de 2017”. Y ese mismo año se reforzó con la Encuesta Nacional a la Población Privada de Libertad, donde se detalla que 75.6% de las personas detenidas sufrió violencia psicológica; 63.8% sufrió violencia física en el arresto y ante el agente del Ministerio Público; 49.4% fue incomunicad; 39.4% “recibió patadas o puñetazos”, y más del 23% recibió golpes con algún objeto y lesiones por aplastamiento, entre otros muchos reportes de violencia. De igual manera, menciona que los escenarios en los que se lleva a cabo la tortura, según las víctimas, son instalaciones militares, centros de reclusión, centros de salud, hospitales psiquiátricos, centros de detención migratoria y centros de menores, o durante las detenciones en manifestaciones. “Un eje transversal es la impunidad”, recalca el documento, y lo fundamenta con información proporcionada en febrero de 2018 por la Fiscalía Especializada del Delito de Tortura a nivel federal. De 8 mil 335 investigaciones había ejercitado acción penal solamente en 17. En cuanto a las sentencias condenatorias por tortura, los datos con que se cuenta precisan que en septiembre de 2015 el Estado informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que existían sólo 15 condenas federales desde 2006, abarcando únicamente ocho causas penales. En noviembre de 2018, durante el Examen Periódico Universal (EPU) de México, el Estado Informó al Consejo de Derechos Humanos que de 2013 a 2018 se habían emitido 36 sentencias federales por tortura, pero “en realidad esta cifra representa solamente 16 causas penales, incluyendo varias con sentencia absolutoria, y la casi totalidad de las sentencias condenatorias fueron revocadas en apelación, por lo que se desconoce su estado final”.