CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detectó anomalías en los centros de tratamiento interno para menores infractores, las cuales “contravienen diversas normas nacionales e internacionales que vulneran los derechos humanos de las personas adolescentes” alojadas en dichos espacios. En un estudio realizado por el organismo en 45 instalaciones que alojan a mil 445 adolescentes privados de la libertad, personal de la CNDH encontró irregularidades “relacionadas con el trato, condiciones de las instalaciones e insalubridad; falta de áreas de acceso a servicios y actividades; condiciones de desigualdad de las áreas y falta de personal especializado; deficiencias en la alimentación; problemas de gobernabilidad y privilegios, así como inapropiada separación y clasificación”. De acuerdo con el “Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que Infringen la Ley Penal de la República Mexicana”, también se encontraron anomalías en “la imposición de sanciones disciplinarias, inexistencia de reglamentos y manuales de procedimientos, deficiencias en la prestación del servicio médico y ausencia de programas contra las adicciones”. Asimismo, insuficiencia de personal y de actividades para la reintegración social y familiar, falta de capacitación de personal y deficiencias en la supervisión de los centros de tratamiento interno, obstrucción de la visibilidad hacia el interior de las estancias, deficiencias que afectan los vínculos con personas del exterior, así como falta de modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de personas con discapacidad física. En un comunicado, el organismo destacó que con ese estudio pretende generar un diagnóstico que “impulse acciones “para que la atención a los problemas de estos centros se concrete mediante el compromiso decidido de la Federación y los gobiernos de las entidades federativas, con el fin de que se implementen políticas públicas que garanticen el acceso a todos sus derechos establecidos en la legislación nacional e internacional, mediante la atención a todas las carencias e irregularidades presentadas en los establecimientos”. El informe de la CNDH fue elaborado de abril de 2018 a marzo de 2019 por personal del organismo con el apoyo de funcionarios de comisiones de derechos humanos de las 32 entidades federativas. De las visitas a los 45 centros de internamiento para menores en el país, con una capacidad instalada para 6 mil 866 personas, se determinó que seis son exclusivamente para varones, 35 alojan a hombres y mujeres, y cuatro son sólo para mujeres adolescentes. En la actualidad, de las mil 445 personas adolescentes que se encuentran internadas, mil 237 son hombres y 208 mujeres; del total, 431 están en proceso judicial y mil 14 se encuentran cumpliendo una medida de tratamiento, en tanto que mil 362 se están internados por delitos del fuero común y 83 por delitos del orden federal. En el documento se detalla que de los 45 centros en 42 faltan áreas para el acceso a los servicios y actividades, en 35 se opera sin reglamentos ni manuales de procedimientos, en 35 no tienen capacidad instalada para prestar servicios médicos, en 34 prevalecen condiciones de desigualdad en áreas y personal para mujeres, en 29 no se cuenta con personal técnico y actividades tendentes a la reintegración social, y en 26 las instalaciones son inadecuadas. Los realizadores del informe detectaron que en 23 centros se incurre en la inadecuada separación y clasificación de las personas internas; en 17 no se da tratamiento adecuado contra las adicciones; en 16 los servidores públicos no tienen capacitación ni especialización para tratar a los internos; en 12 el personal de custodia es insuficiente y en un número similar se carece de instalaciones de accesibilidad para personas con discapacidad física; en 11 hay problemas relacionados con el trato a los adolescentes, y en nueve se reportan carencias de alimentación, entre otras deficiencias. Para identificar las carencias, el personal de la CNDH y quienes colaboraron con ellos entrevistaron a los responsables de los centros de tratamiento interno, personal médico y guías técnicos, y aplicaron 761 encuestas anónimas a igual número de adolescentes internos, que equivalen al 53% de la población total. Como parte del informe, el organismo de derechos humanos hizo 20 propuestas dirigidas a los gobernadores de los estados y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, entre las que destacan “la necesidad de instaurar la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en la Ejecución de Medidas para Adolescentes; lograr la plena operación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, cuyo vencimiento es el 18 de junio próximo; mejorar e implementar instalaciones dignas y seguras; contar con personal especializado en materia de justicia para adolescentes; brindar la debida atención a las necesidades específicas de las mujeres adolescentes; realizar la adecuada clasificación, y garantizar el derecho a la protección de la salud”.